Los juzgados de lo Penal acumulan 6.596 asuntos sin resolver sólo en tres meses

La muerte de la pequeña onubense Mari Luz ha sacado del mutismo profesional a la judicatura, tradicionalmente reacia a divulgar su trabajo. Pero los errores judiciales destapados en el caso del presunto asesino de la pequeña ha puesto en pie de guerra a los jueces, que se sienten incomprendidos por una opinión pública a la que quieren darle a conocer en qué condiciones imparten justicia a diario.

Con esa preocupación fue convocada el pasado 11 de abril una junta de jueces de lo Penal de Cádiz en la que se hizo un diagnóstico de la carga de trabajo que soportan los cinco órganos con sede en la capital, aunque con competencias en el resto de partidos judiciales a excepción de Jerez y Algeciras. La conclusión a la que llegaron es que asumen un número de asuntos tan elevados que no se puede garantizar una correcta administración de Justicia. Además la situación empeora año tras año. Sólo en el primer trimestre de este año, los cinco juzgados de lo Penal han acumulado 6.596 asuntos que están pendientes de que se materialice la resolución judicial adoptada. Esos retrasos fueron vitales para que Santiago del Valle no estuviera en prisión cuando desapareció Mari Luz.

La junta estuvo presidida por la jueza decana Nuria Orellana, quien detalló las cifras más actualizadas sobre el volumen de trabajo que están asumiendo estos órganos: «Cada juzgado de lo Penal tiene que tener como máximo una entrada de 450 procedimientos abreviados al año. En estos primeros meses, ya han ingresado una media de 200 cada uno (lo que supone un 45% del total de la carga anual). Si se mantiene esta tendencia, al término de 2008 habrán entrado unos 800 asuntos en cada juzgado, unos 4.000 en total. En 2007 los cinco órganos ingresaron 2.587 asuntos».

En la reunión de jueces se detectó que la falta de plantilla de funcionarios es determinante para el atasco que presenta el sistema judicial. A este déficit en recursos humanos, se suma el nivel alto de interinos que están cambiando constantemente de destino y no pueden hacer un seguimiento adecuado a los procedimientos. Todas estas circunstancias han generado un círculo vicioso: el exceso de trabajo convierte a estos juzgados en un destino no deseado por los funcionarios titulares. «El nivel de interinidad en estos órganos es del 85,5%». Un ejemplo son los juzgados número 3 y 4, donde todo su personal es interino.

Vacantes sin cubrir

A esta inestabilidad se suma la lentitud con la que se cubren las vacantes. Los jueces han sufrido en sus propios carnes, aseguraba ayer la decana de la judicatura gaditana, cómo han trascurrido meses sin que un órgano pueda trabajar con su plantilla al completo. «Y en muchas ocasiones nos llegan interinos procedentes del Servicio Andaluz de Empleo sin experiencia. Cuando ya se ha puesto al día, tienen que dejar su puesto. Sería muy acertado que estas personas realizaran un cursillo previo».

Esta última idea esbozada por la magistrada es una de las que los jueces recomiendan dentro de «un plan de choque» que piden a la Administración regional que aplique para paliar esta difícil situación. Además, reclaman un sistema informático único «que permita saber no sólo lo que está haciendo el compañero de al lado, sino también de otras comunidades». Orellana ve en la falta de presupuesto para Justicia el origen de todos los problemas.

Bajos del Carranza

En la junta también se debatió el emplazamiento de las sedes judiciales en los bajos del Carranza. «Ya le hemos transmitido a la delegada de Justicia que existen problemas de seguridad y que las salas de vistas no reúnen las condiciones necesarias». Y sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia, la propia decana reconoce que no sabe ni cuándo estará levantada. Las conclusiones de esta junta, que también se ha celebrado en otras provincias andaluzas, han sido elevadas a la Sala de Gobierno del TSJA, que a su vez lo remitirá al CGPJ.

El colapso de estos juzgados es un mal endémico que se padece en toda España. El CGPJ acaba de publicar los datos anuales sobre el funcionamiento de la justicia en toda España y da un dato muy preocupante. Todos los órganos de esta rama jurídica acumulan 269.855 asuntos pendientes de materializar. En el capítulo provincial, 2007 se cerró en Cádiz con 12.738 casos sin resolverse en lo Penal.

stubio@lavozdigital.es