Trabajo multa a Pascual por no consultar con los trabajadores el tipo de uniforme

El informe que ha emitido la Inspección de Trabajo sobre la guerra de las faldas que sacude a las clínicas Pascual desde mediados del mes pasado da una de cal y otra de arena. Propone una sanción de 6.000 euros a la empresa por no consultar con los trabajadores el tipo de uniforme y, al mismo tiempo, considera la vestimenta de las enfermeras como una prenda de protección individual. El dictamen de la Inspección, del que ha tenido conocimiento este periódico, vincula indirectamente el uniforme a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, aunque la multa es por no consultar con la plantilla la idoneidad de la vestimenta.

La dirección de la empresa distribuyó ayer entre la plantilla de la clínica San Rafael y las secciones sindicales una circular interna en la que aclaraba que mantendría su postura sobre el uso del uniforme para las enfermeras y auxiliares al considerar «que es una facultad incluida en la potestad de dirección y de control de la actividad laboral reconocida al empresario en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores».

El dictamen de la Inspección de Trabajo es anterior a la reunión que mantuvieron el pasado jueves en Sevilla la dirección de Pascual, su gabinete jurídico y los comités mayoritarios en los distintos centros de trabajo, donde se aclaró que el uniforme no afecta en absoluto a la Ley de Riesgos Laborales. Esta reunión contó con el respaldo de UGT, mayoritaria en las clínicas Pascual, salvo en la de San Rafael de Cádiz, donde su comité de empresa, liderado por CC OO, inició el pasado mes la protesta contra el uso de las faldas. El acta que se levantó en la reunión se envió el viernes a la Inspección. El sindicato CC OO asegura que atenta contra la dignidad y vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En la carta enviada ayer a los trabajadores y a la que ha tenido acceso este periódico dice que el uniforme que utilizan las enfermeras de las clínicas está vigente desde 1997 «tras ser consultado con la mayoría de los profesionales de los centros». La empresa ha criticado la alarma social que se ha creado al intentar relacionar «escandalosamente el asunto del uniforme ordinario de trabajo de las enfermeras con las disposiciones mínimas de salud y seguridad».

El sindicato CC OO amenazó con llevar el caso a los tribunales si la Inspección no reconocía sus demandas. De hecho, establecieron un calendario de movilizaciones y hubo protestas en la calle. El sindicato UGT se desmarcó de estas actuaciones al considerar que había un foro para negociar estos asuntos y un convenio firmado en 2007. La empresa Pascual sí interpondrá un recurso contra el informe de la Inspección de Trabajo e incluso apelará a los tribunales para mantener vigente el uniforme en los centros de trabajo.

La empresa pide «idéntica exigencia» para aplicar el plan de Igualdad para todas las instituciones y parta todas las empresas andaluzas independientemente de su carácter público o privado.