Riesgo de colapso

El abrumador rechazo de la oferta planteada por el ministerio a los funcionarios judiciales en huelga desde el 4 de febrero difuminó ayer las expectativas de la rápida normalización de un sector que está a punto de colapsar el funcionamiento de la Justicia con unos perjuicios difíciles de evaluar. La decepción por el desenlace del referéndum entre los 9.500 empleados, que en un 85,71% se pronunciaron a favor de mantener el paro, fue más inesperada a raíz de las informaciones optimistas sobre la última negociación presentada como el punto de partida para alcanzar el acuerdo definitivo. Por el contrario, el hecho de que tan solo el 14,29% de los trabajadores votaran a favor de la oferta ponía de relieve la gran distancia existente todavía entre las partes y el alineamiento muy mayoritario de los empleados públicos con sus representantes sindicales. Pero los serios perjuicios de particulares y profesionales que dependen de trámites en registros y juzgados o que están afectados por los más de treinta mil juicios suspendidos y decenas de miles de diligencias o escritos paralizados convierten este largo conflicto en una cuestión de máxima urgencia. Los funcionarios de Justicia que vienen reclamando una razonable homologación salarial con los funcionarios transferidos de las demás comunidades autónomas están en su derecho de aspirar a lograr sus aspiraciones, pero sin convertir este pulso sindical en una escalada sin fin que pudiera desbordar las actuales disponibilidades presupuestarias del Estado.