Un funcionario de la Administración de Justicia asturiana vota en la mesa instalada en el Palacio de Justicia de Oviedo. /EFE
con un respaldo del 85 %

Los funcionarios rechazan la propuesta de Bermejo y acuerdan continuar con la huelga

La oferta del Ministerio contempla un incremento de 140 euros mensuales para este año, que se incrementará hasta los 180 euros en 2009

MADRID Actualizado: Guardar
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Los funcionarios de la Administración de Justicia no transferida han decidido en referéndum rechazar la oferta de incremento salarial hecha por el Ministerio y mantener la huelga indefinida que comenzó el pasado 4 de febrero. Con una participación del 70%

Así lo han informado los sindicatos convocantes de la protesta, que han asegurado en una nota de prensa que el 85,71% de los trabajadores han dicho no a la oferta de Justicia, que sólo han aceptado el 14,29%. A la segunda pregunta planteada en la consulta de hoy, sobre si estaban dispuestos a continuar con la huelga, el 88,30% de los funcionarios ha dicho que sí, frente a un 11,70% que ha votado por poner fin al conflicto.

Los sindicatos CC.OO., CSI-CSIF, UGT y STAJ han cifrado en más del 70% la participación en el referéndum, celebrado en los órganos centrales con sede en Madrid y en las comunidades de Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y La Rioja, además de en Ceuta y Melilla.

En una nota de prensa, las centrales han asegurado que el Ministerio "debe reconocer las reivindicaciones de los trabajadores y sentarse a negociar con una clara e inequívoca voluntad de acabar con el conflicto". "Apelamos a la responsabilidad de Mariano Fernández Bermejo como ministro en funciones y a la del presidente del Gobierno como responsable máximo y último para poder dar solución a esta situación que dura ya dos meses", añade el comunicado.

Por su parte, y tras conocer los resultados del referéndum, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO, Miguel Segarra, ha pedido a Justicia que se someta a un arbitraje voluntario para solucionar el conflicto ya que hay "escasas" posibilidades de que los sindicatos convocantes de la huelga y el Ministerio lleguen a un acuerdo "a corto plazo".

La propuesta del Ministerio

Desde que comenzaron las movilizaciones, ambas partes, sindicatos y Administración se han reunido en doce ocasiones para intentar llegar a un acuerdo. La última, este pasado lunes cuando, tras nueves horas de intensa negociación, el Ministerio de Justicia dejó sobre la mesa su propuesta en la que se contempla una subida de 140 euros con efectos en 2008, desglosados en 60 euros pagaderos desde enero y 80 euros más, que serán abonados retroactivamente en enero o febrero de 2009. Los 40 euros restantes se empezarán a pagar en abril del próximo año.

Según Hernández, las centrales se oponen a ese borrador no sólo en lo que se refiere a la oferta económica, que consideran insuficiente ya que completa un aumento de 180 euros mensuales y desde el inicio del conflicto ellos exigen una subida de 200 euros para lograr la equiparación salarial con los trabajadores de Justicia en el ámbito transferido, sino que también rechazan los planes previstos por el Ministerio para la recuperación de los atrasos.

Bermejo pide responsabilidad

El ministro Bermejo, por su parte, ha hecho esta mañana un llamamiento a la responsabilidad de los funcionarios de la Administración para que apoyaran el fin de la huelga en el referéndum y aceptaran la propuesta del Ministerio de Justicia.

En declaraciones a TVE, el titular de Justicia ha señalado que, si los trabajadores deciden seguir la huelga, habrá que continuar haciendo esfuerzos para que se arregle la situación. No obstante, ha considerado "difícil de digerir" la actitud de los sindicatos, ya que, en la madrugada de ayer, "teníamos un principio de acuerdo" y el mensaje que están transmitiendo no es el que se ha firmado. Bermejo ha recordado que el Ministerio de Justicia no ha dejado de esforzarse en intentar que la huelga durara lo menos posible.

El paro afecta a las Comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias, más Ceuta y Melilla, y, en Madrid, a los órganos centrales de la Administración de Justicia como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Registro Civil Central y el Instituto Nacional de Toxicología.