Responsabilidad judicial
Las circunstancias que rodean la detención del presunto asesino de Mari Luz Cortés han revelado una lamentable concatenación de errores, descuidos o negligencias judiciales, por la que el imputado permanecía en libertad a pesar de que pesaban sobre él dos condenas por abusar de su propia hija y de otra menor que suman cuatro años y nueve meses de cárcel. El relato de los despropósitos es tan revelador que cuestiona la profesionalidad y la diligencia de quienes conocían la gravedad de los antecedentes del acusado. Pero lo ocurrido advierte también, y de la peor manera, sobre las insuficiencias de un sistema que se ha mostrado del todo ineficaz no sólo para ejecutar con garantías las previsiones legales, sino para corregir los dislates que se sucedían conforme aumentaba el historial delictivo de Santiago del Valle. Las diligencias ordenadas por el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía habrán de dilucidar con urgencia qué falló y quiénes erraron para propiciar que el acusado siguiera libre, y depurar las eventuales responsabilidades. Pero de entrada ya es censurable que la primera reacción del juez de Sevilla que debía procurar el ingreso en prisión haya sido la de endosar la culpa a la baja de una funcionaria. Como desconcierta que ni él ni el firmante de la segunda condena identificaran al culpable cuando éste apareció impunemente en la Prensa de la capital andaluza para exigir una vivienda digna.
Actualizado: GuardarEl sufrimiento de la familia y el dolor colectivo que provocó su muerte han desembocado en una lógica indignación. Sin embargo, es dudoso que ésta se esté canalizando del modo más racional y constructivo, sobre todo por parte de algunos representantes públicos que se han apresurado a sugerir la conveniencia de la cadena perpetua para los pederastas reincidentes. Porque si bien es inevitable que tragedias como la presente reabran el debate sobre la necesidad de endurecer o no las penas previstas tanto para los abusos sexuales como para la difusión y consumo de pornografía infantil, lo que evidencia el fatal desenlace de este caso es que debe extremarse antes que nada el rigor en el cumplimiento de la legislación y perfeccionarse los mecanismos de información y control. Eso significa elaborar un registro policial de pederastas condenados, explorar fórmulas para la vigilancia consentida y promover obligadamente el consenso si llegara a sopesarse la inhibición sexual de los presos que se evalúen como irrecuperables. Pero también supone incentivar los tratamientos psicológicos que se han demostrado útiles para reducir la reincidencia, que es menor a la de otros tipos penales aunque sus consecuencias resulten devastadoras. El padecimiento de los padres de Mari Luz ha sido tal que deberán ser doblemente resarcidos si los tribunales confirman la culpabilidad del acusado y se acreditan las irregularidades registradas en la imprescindible prevención judicial del delito.
