El juez que condenó a Del Valle por abusar de su hija culpa de que siguiera libre a la baja de una funcionaria

El juez de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, afirmó ayer que el retraso en la ejecución de la condena a dos años de cárcel impuesta a Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, se debieron a la sobrecarga de trabajo que padecen los juzgados de la capital andaluza y a la tardanza en cubrir la vacante de una funcionaria que se dio de baja. Tirado afirmó estar «moralmente hundido» y sentirse «responsable en parte» de lo sucedido.

En un encuentro informal con periodistas poco antes de reunirse con los inspectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigan qué falló para que Santiago Del Valle estuviera en libertad, el juez explicó que tenía la convicción «sincera» de que el pederasta estaba ya en la cárcel, dado que la sentencia había sido ratificada. Según su explicación, no tenía «ninguna noticia» sobre él desde el día 13 de marzo de 2006, fecha en que firmó el auto en el que decretó la no suspensión de la condena y el consiguiente ingreso en prisión del presunto asesino de Mari Luz.

Celeridad

El magistrado subrayó que, desde esa fecha, «nadie» le dio cuenta del estado del procedimiento ni le comunicó que Del Valle no aparecía. Aseguró también que mientras la causa estuvo bajo su control todo se desarrolló con celeridad, pero después ninguno de los funcionarios le informó sobre el sumario. Además, señaló, la funcionaria encargada de estos asuntos estuvo de baja casi cinco meses, sin que su plaza fuera cubierta por la Junta de Andalucía, lo que retrasó otros 600 casos. Así, aunque la sentencia fue dictada en noviembre de 2002, la Audiencia Provincial no conoció la apelación hasta abril de 2003, y emitió su sentencia firme en diciembre de 2005.

Las declaraciones de Rafael Tirado fueron respaldadas por el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, quien no obstante precisó que aunque la Justicia hubiera actuado con celeridad el presunto asesino de Mari Luz estaría también en libertad, dado que la pena era de sólo dos años de cárcel. Por ello, pidió que no se achaquen al retraso en la tramitación del caso los delitos cometidos por Del Valle con posterioridad.

La consejera andaluza de Justicia en funciones, Maria José Lopez, no aceptó estas explicaciones y lamentó que el juez del caso haya atribuido lo ocurrido a la tardanza del Gobierno andaluz en cubrir la vacante. Tras subrayar que «cada cual tiene que asumir las responsabilidades que tiene», consideró que el juez hizo esas declaraciones porque está «nervioso y preocupado». López afirmó que la culpa de que el presunto asesino estuviera libre es del sistema judicial, que falló, y confió en que el CGPJ depure responsabilidades.

El Poder Judicial ya sancionó a mediados de la década de los noventa al juez Rafael Tirado, con una multa de 50.000 pesetas de la época (300 euros), por retrasos injustificados en la instrucción de los sumarios abiertos por su juzgado. El órgano de gobierno de los jueces consideró entonces que este magistrado había incurrido en una «falta grave», aunque la sanción que le impuso fue la mínima contemplada en su reglamento, explicaron fuentes del CGPJ.

El Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, lamentó este retraso judicial que, según todos los indicios, desembocó en el asesinato de Mari Luz. Chamizo se mostró contrario a un agravamiento de los castigos para los pederastas. «Cuando se endurecen las penas se perjudica más al colectivo menos culpable», explicó. Frente a eso, abogó por aumentar las medidas de seguridad y el seguimiento a estos delincuentes fuera de la cárcel, una vez cumplidas sus penas.