Multan con 600.000 euros a dos empresas por el accidente laboral de Ronda Muleros

El 19 de julio de 2001 dos personas perdieron la vida mientras que trabajaban en las obras que se estaban desarrollando en la Ronda Muleros centrada en la construcción de una nueva promoción de viviendas. Este acontecimientos, donde también resultó herido de gravedad un tercer empleado, conmocionó a toda la ciudad.

El accidente se produjo cuando se derrumbó un muro medianero sobre una franja en la que los empleados estaban colocando armazones de ferralla. El accidente mortal, según la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2007 por el Juzgado Penal número 2 de Jerez, se produjo ante la ausencia absoluta de medios preventivos.

Ante ello, la Junta de Andalucía ha impuesto la mayor sanción en la comunidad, 601.012 euros, por incumplir la normativa en seguridad y salud laboral y omitir las medidas de prevención vigentes a las dos empresas responsables de la construcción de las viviendas.

La multa ha sido iniciativa de la Consejería de Empleo, quien propuso sancionar a las entidades Al Trote Ferrallas SL y Grupo Inmobiliario Fénix Camacho SL de forma solidaria por una infracción tipificada como muy grave.

Para dictar la sanción, el ejecutivo andaluz ha tenido en cuenta los informes realizados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, así como la sentencia dictada en relación a este asunto.

Se trata del castigo económico más elevado de las impuestos en este ámbito durante la pasada legislatura, y según la normativa vigente sobre infracciones en el orden social. La tramitación del expediente sancionador tuvo que suspenderse a la espera de que se resolviese el proceso penal.

Numerosos fallos

Es importante destacar que las operaciones realizadas especificaban que las zanjas se abrieron en estas obras, en cortes totalmente verticales, carecieron de talud alguno, de entibado o aseguramiento interior y que además no se tuvo en cuenta la distancia entre el borde de las mismas y unos muros medianeros que no se apuntalaron.

Fuentes de la Consejería de Empleo, que hasta el momento encabeza Antonio Fernández, precisaron que, durante el pasado año, se resolvieron un total de 3.615 expedientes sancionadores en materia de seguridad y salud laboral, por un importe total de 17,5 millones de euros.