El fiscal general reprocha al TC que insinúe que depende del Gobierno

El fiscal general del Estado echó más leña al fuego encendido por la sentencia absolutoria del Tribunal Constitucional a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer. Cándido Conde-Pumpido afirmó que el alto tribunal busca, con la queja transmitida a José Luis Rodríguez Zapatero, «insinuar maliciosamente una inconstitucional e inexistente dependencia (de la Fiscalía) del Ejecutivo». Esa protesta, añadió, es una muestra de «los ataques inesperados» que recibe el Ministerio Fiscal.

Conde-Pumpido no se quedó quieto tras la carta de la presidenta del Constitucional al jefe del Ejecutivo para quejarse de las críticas del fiscal por la absolución de 'los Albertos' de un delito de estafa en el conocido como 'caso Urbanor'. En el acto de toma de posesión del nuevo fiscal provincial de Madrid, el responsable del Ministerio Público recordó que la Fiscalía es «un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial».

El fiscal general quiso subrayar de esta manera que carecía de sentido dirigir una protesta al jefe del Ejecutivo por una actuación suya, salvo que se quiera «insinuar maliciosamente» que existe una relación de «dependencia» entre su institución y el Gobierno, algo que sería «inconstitucional» además de «inexistente». Describió que el Ministerio Público está acostumbrado a los «ataques interesados», pero admitió que en este caso proceden «del lugar más insospechado», el Tribunal Constitucional.

Conde-Pumpido indicó en su intervención institucional que los fiscales están obligados «siempre» a estar «más cerca» de los intereses de «los agredidos que de los agresores, de los estafados que de los estafadores».

El deber de proteger

Los representantes del Ministerio Público, prosiguió, también tienen el deber de «proteger siempre los intereses de los más desprotegidos, de los perjudicados, de los titulares de bienes jurídicos tutelados de manera efectiva por el derecho penal». El fiscal general no hizo mención a nombre propio o institucional alguno, pero todos los asistentes entendieron el recado. Conde-Pumpido discrepó el pasado lunes «total, radical y abiertamente» de la absolución de 'los Albertos' de los delitos de estafa y falsedad documental dictada la semana pasada por el Tribunal Constitucional, que consideró que las infracciones habían prescrito.

Esta actitud del jefe del Ministerio Público, quien además se mostró convencido de que los acusados se quedaron «con el dinero de la estafa», motivó que los doce magistrados del Constitucional remitieran el pasado jueves una carta a Rodríguez Zapatero, en la que mostraron su «malestar» por las críticas «gratuitas» de Conde-Pumpido, una actitud sin precedentes en los casi treinta años de historia de la corte de arbitraje constitucional.

El jefe del Ejecutivo respondió a la misiva con el mensaje de que «toma nota» de su protesta, y la vicepresidenta primera señaló ayer que Rodríguez Zapatero transmitió a la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, su «respeto total y absoluto» a las decisiones que adopte ese tribunal, como las que tome cualquier otro de «los órganos constitucionales o de otros poderes del Estado».

El Gobierno desea zanjar cuanto antes la discrepancia, pero las palabras del fiscal general hacen prever que esta inédita crisis no ha hecho más que empezar y habrá nuevos capítulos.