El juez del caso 'Malaya' cita a Roca y Gil Silgado por la compra del Xerez

El juez que instruye el caso Malaya, Oscar Pérez, ha citado para el próximo miércoles al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, y a otras seis personas. El objetivo de la citación es tomarles declaración en calidad de imputados en relación al informe policial relacionado con el Xerez Deportivo y la supuesta participación accionarial en él del ex asesor de Urbanismo entre 2002 y 2004. Cabe recordar que son los ejercicios en los que habría aglutinado el 50% de los títulos del club azulino y habría sido, por tanto, el propietario en la sombra de la entidad.

Según la providencia, aparte de Roca, se tomará declaración al que tenía hasta esa fecha los derechos del club, Luis Oliver, y al que los adquirió junto con Roca, José María Gil Silgado, que fue presidente del equipo y que para los investigadores «habría sido consciente de que el origen del dinero con el que Roca financiaba su participación en el Xerez podría ser delictivo».

Declaraciones

También se ha citado, dentro de una pieza separada del sumario abierto contra la trama de corrupción municipal en Marbella, a dos personas que ya aparecen como procesadas en el caso Malaya, como son el empresario José Avila Rojas y el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta.

Asimismo, está prevista la declaración del entonces abogado de Gil Silgado y de otro presunto testaferro u hombre de paja de Roca, según señala la Policía en su informe, en el que se detalla el procedimiento utilizado por el ex asesor de Urbanismo para hacerse con la mitad de los derechos societarios y económicos del Xerez , a través de sociedades instrumentales como Oven Five, Jovibel 2000 y Triana 95.

Delito de blanqueo

Los investigadores se inclinan a pensar, según dicho informe policial, que a los supuestos participantes en esta operación se les podría imputar un delito de blanqueo y precisan el grado de colaboración que habría tenido cada uno. Así, inciden especialmente «en la ocultación de la inversión que supuso la adquisición de los derechos sobre el Xerez por parte de Juan Antonio Roca y José María Gil Silgado» al anterior propietario, Luis Oliver. Detalla incluso que éste recibió «parte del pago» a través de un local en Marbella, presuntamente propiedad de Avila Rojas.

En dicho documento elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, y en la propuesta de actuación, se indica que la operación fue diseñada desde dos despachos de abogados diferentes, uno de ellos ubicado en Madrid, con Manuel Sánchez Zubizarreta al frente, y otro con sede en Sevilla, que era el que habitualmente defendía los intereses José María Gil Silgado.

En ambos casos, consideran que los dos letrados que intervinieron en la operación debieron comunicarla al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

A Sánchez Zubizarreta, los agentes responsables de la investigación llevada a cabo le consideran el director «de la operación de obtención del dinero suficiente para acometer la ampliación del capital del Xerez», para lo que «orquesta un mecanismo financiero usual en las operaciones de blanqueo».

Este mecanismo al que hace referencia consiste básicamente «en la concesión de préstamos intersocietarios entre empresas, pretendiendo simular negocios que no son tales, siendo contraprestaciones por otros que se disimulan».