Editorial

Dudas inflacionistas

Las rebajas de enero no han logrado impedir que la inflación interanual haya alcanzado su baremo más elevado -el 4,3%- desde 1995, lo que duplica el objetivo fijado por el Banco Central Europeo para un escenario de estabilidad. El negativo dato, admitido sin paliativos por el Gobierno y las organizaciones sindicales y patronales, está sujeto sin embargo a muy diferentes análisis tanto en sus fundamentos como en su previsible duración, aunque lo que resulta incontestable es que la carga de la ralentización económica recae en los ciudadanos con una capacidad adquisitiva más reducida. La disparidad en las previsiones efectuadas por el Gobierno, que cree que los precios de algunos de los productos básicos más encarecidos estarían a punto de tocar techo, y la de la CEOE, que no aguarda una pronta contención, no hace sino confirmar las dificultades para establecer un diagnóstico compartido sobre el alcance del enfriamiento económico y sobre las medidas mas idóneas para afrontarlo.

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El respiro que recibieron, en términos mensuales, los precios en enero, fruto del abaratamiento de artículos como ropa y calzado, no puede encubrir que bienes y servicios de primera necesidad, como la alimentación y la enseñanza, se dispararan en el mismo período hasta un 7,5 % y un 4,6% respectivamente. Junto a ello, la buena noticia de que la inflación subyacente ha disminuido en un punto ha ser analizada con cautela, porque la estadística aún se encuentra alejada de los promedios de la UE, a cuyas economías afectan también factores exógenos como el coste de los carburantes y de las materias primas. Nuestro país sufre de carencias y déficits que agravan las consecuencias del repunte del crudo con más intensidad que en otros estados de la eurozona. El deficiente funcionamiento de los mecanismos de control de precios y la existencia de un amplio segmento de actividades sumergidas facilitan el camino a las prácticas especulativas que están contribuyendo al acusado incremento de la inflación. La confianza en que los precios comiencen a ceder en primavera no debería llevar al Gobierno a descuidar el efecto sobre el conjunto de la actividad económica que ya está ejerciendo no sólo el dato incuestionable de la inflación, sino también el retraimiento que viene provocando en las intenciones de consumo de la ciudadanía.