El Supremo desoye a la Fiscalía y cita a ANV y PCTV antes de decidir si estarán en las elecciones de marzo

La sala especial del Tribunal Supremo, la sala 61, ha frenado las aspiraciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pretendía que se adoptaran medidas cautelares contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca sin escuchar a las partes.

Con su solicitud, por partida doble porque también se la han presentado al juez Baltasar Garzón, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado querían, antes de que haya un pronunciamiento sobre las demandas de ilegalización, que se prohibiera al PCTV y a ANV concurrir a las elecciones y suspender sus actividades. Tras cerca de cuatro horas de reunión, el TS ha descartado estas medidas cautelares al estar en juego derechos fundamentales y ha citado para el 8 de febrero a las dos formaciones: quiere escucharlas antes de decidir.

Serán cuatro vistas públicas el viernes que viene dirigidas a resolver la aplicación o no de las medidas cautelares, que pasan por la prohibición de concurrir a los comicios del 9-M y la suspensión de sus actividades mientras se tramitan las demandas de ilegalización. La personación por parte de PCTV y ANV se realizará cuando estos así lo soliciten mediante presencia de su abogado procurador ante la propia Sala.

Primeras decisiones del Supremo en el proceso

Las cuatro vistas del día 8 serán independientes: dos para el PCTV y dos para ANV, dado que al no haberlo solicitado ninguna de las partes, la Sala no ha podido acordar la acumulación de estos procedimientos. Fuentes del Supremo han señalado que las vistas respecto a las medidas cautelares a adoptar contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas se celebrarán por la mañana, mientras que las de Acción Nacionalista Vasca lo harán por la tarde.

Tras una reunión de más de tres horas y media, la Sala del 61 ha acordado en primer lugar tener por interpuestas, aunque todavía no admitidas a trámite, las demandas de ilegalización presentadas esta semana por el fiscal y los Servicios Jurídicos del Estado. Además, el Alto Tribunal ha designado ponente para cada una de estas cuatro iniciativas (dos sobre el PCTV y dos sobre ANV) y ha emplezado a todas las partes para personarse en el procedimiento antes de ocho días.

El TS frena a la Fiscalía

La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían pedido cuando presentaron las demandas de ilegalización, y hoy mismo de nuevo ante el juez Baltasar Garzón, que se decretara "a la mayor brevedad posible" la suspensión de actividades por su sumisión a ETA-Batasuna, incluido el derecho a la presentación de candidaturas y la concurrencia a las elecciones.

En los escritos remitidos al magistrado de la Audiencia Nacional, la fiscal Dolores Delgado y el fiscal Vicente González Mota, que también reclaman el embargo de las cuentas, ingresos y subvenciones a estos partidos y el cierre de sus sedes y locales, reclaman que estas medidas se adopten antes de la proclamación de las candidaturas el próximo 11 de febrero por un período máximo de cinco años, tal y como establece el artículo 129 del Código Penal.

Los fiscales destacan en su escrito que la investigación "ha permitido constatar (...) que la ilícita actuación" de EAE- ANV y de EHAK-PCTV "en orden a la posterior individualización y depuración de responsabilidades penales, tiene encaje jurídico-punitivo como integración y/o colaboración en organización terrorista".

Esto significa que la Fiscalía podría pedir más adelante a Garzón la imputación de estos delitos a los responsables de ambos partidos, aunque recordaban que no es necesario acordar el procesamiento para decretar la suspensión de actividades.

Sin esperar a que lo pidiera el Ministerio Público y una vez recibidos los informes policiales que acreditarían la sumisión de ambos partidos a ETA-Batasuna, Garzón ya citó el pasado 22 de enero a los representantes de PCTV y ANV para el próximo lunes y martes, respectivamente, para que comparezcan en la vista en la que estudiará si decreta la suspensión de sus actividades.

Medidas cautelares 'proporcionales'

Los diferentes procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional -por vía penal- y en el Tribunal Supremo -demandas de ilegalización- contra las dos formaciones vascas podrían desembocar a finales de la próxima semana en una doble suspensión de actividades, lo que impediría su presencia en los comicios del 9-M. Ese es el objetivo del Gobierno.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se ha mostrado convencida de que cuando los tribunales decidan adoptar medidas cautelares cumplirán con el criterio de "proporcionalidad" y no vulnerarán ningún derecho.

"Estoy absolutamente convencida de que los tribunales, que son quienes tienen que acordar esas medidas cautelares, no van a permitir que se vulnere ningún tipo de derecho a la hora de adoptarlas, sino al contrario, las medidas cautelares se adoptan con proporcionalidad por parte de un juez y estoy segura de que así va a ser", ha apuntado la número dos del Ejecutivo.

De la Vega ha recordado además que las medidas cautelares que ha pedido el servicio jurídico del Estado en la demanda de ilegalización del PCTV y ANV "están previstas en la ley".