Las hijas de Oubiña paralizan con un recurso en Estrasburgo la venta del incautado Pazo Bayón

Las dos hijas que el narcotraficante Laureano Oubiña tuvo con su segunda esposa Esther Lago, ya fallecida, han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia que decretó la incautación del Pazo Bayón. Alegan que podría lesionar sus derechos como posibles herederas. De esta forma han paralizado la venta de esta propiedad inmobiliaria que iba a ser adjudicada hoy.

El recurso de las dos jóvenes nacidas del matrimonio de Laureano Oubiña con la ya fallecida Esther Lago, con quien el narcotraficante se casó en segundas nupcias en 1987, fue presentado el pasado viernes. Argumentan, amparándose en el artículo 39 del Reglamento del Tribunal de Estrasburgo, que con la venta de la propiedad requisada a sus padres se podrían lesionar sus derechos como posibles herederas.

El recurso ha obligado a la mesa de adjudicaciones del Plan Nacional sobre Drogas, que hoy tenía previsto abrir los sobres de las cuatro propuestas presentadas para comprar el Pazo Bayón, a suspender temporalmente el proceso de venta de la propiedad. Concurren el grupo catalán Freixenet -que la gestiona actualmente-; el riojano Izagui y las bodegas gallegas Condes de Albarei y Martín Códax.

Fuentes de la mesa de adjudicaciones han explicado que se decidió suspender de forma temporal el proceso "como medida cautelar" para analizar la documentación y ver cómo afecta el recurso para continuar con la venta. El objetivo, añaden, es también no perjudicar a las empresas que presentaron sus ofertas por el pazo.

Los dos edificios que componen el pazo -que en los años 90 se convirtió en referente de la lucha contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico- están ubicados en la localidad arosana de Fontán y rodeados de una amplia zona dedicada al cultivo de viñedos.

En enero de 1995 el pazo fue intervenido judicialmente y el juez Baltasar Garzón embargó en 1999 el patrimonio de los Oubiña para ejecutar la deuda de 15 millones de euros que el matrimonio arrastraba desde que el tribunal del 'caso Nécora' los condenó por delito fiscal en abril de 1994.