MUNDO

Kerviel confiesa que colegas de Société Générale especulaban de manera irregular

Jérôme Kerviel, el operador de mercados al que Société Générale (SG) responsabiliza de pérdidas de 4.900 millones de euros, quedó ayer en libertad provisional tras ser imputado judicialmente por abuso de confianza, pero no por tentativa de estafa. El acusado había confesado a la Policía maniobras irregulares, a las que según él también recurren otros colegas del segundo banco francés, para incrementar sus primas salariales.

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Las asociaciones de accionistas se han querellado por uso de información privilegiada contra un directivo de la entidad que vendió acciones por más de 85 millones días antes de conocerse oficialmente el agujero contable. Mientras tanto, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, planteó tácitamente la dimisión de la ejecutiva bancaria pues «un acontecimiento así no puede quedar sin consecuencias tratándose de las responsabilidades», declaró.

«Kerviel esperaba aparecer como un operador excepcional, un anticipador de los mercados que concretizaba sus impresiones», explicó el fiscal-jefe de París, Jean-Claude Marin, al revelar el tenor de sus confesiones en comisaría.

Primas

Aparte de la pura ambición profesional, «de esta manera, esperaba obtener unas primas de rendimiento superiores que llegarían a 300.000 euros en 2007», añadió.

En el pasado 2006 las bonificaciones percibidas por el corredor bursátil fueron de 60.000 euros, algo más que los 50.000 que cobraba de salario anual. El acusado explicó a la brigada financiera que no actuó por ánimo de lucro para su provecho exclusivo y personal ni para expoliar al banco mediante operaciones fraudulentas. «Reventé mi línea de crédito», reconoció, no obstante Kerviel.

El empleado, ya despedido, declaró que otros operadores de SG habían tenido el mismo comportamiento que él puesto que también superaban en sus transacciones los límites autorizados. Apostilló que los volúmenes suelen ser inferiores pero que esas prácticas no son excepcionales. El sumario, confiado a dos jueces instructores especializados en delitos monetarios, investiga presuntos delitos de falsificación, intromisión en un sistema informático y abuso de confianza agravado por el carácter profesional del autor. Estos cargos están penados con hasta siete años de prisión y 750.000 euros de multa.