Más confusión

Y tampoco a una ordenada transmisión a la opinión pública de las intenciones que se albergan, lo que ha llevado en las últimas semanas tanto al Gobierno como a la Fiscalía a una inadecuada gestión de las informaciones de que disponían dando por inminente el inicio de las actuaciones cuando éstas sólo se han desencadenado una vez que se ha levantado el secreto del sumario que instruye Baltasar Garzón. En este sentido, tan razonable resulta que los responsables gubernamentales se escuden en la cautela que han de proporcionar las pruebas para responder a los reproches del PP por su supuesta inacción, como incongruente e inapropiado que el ministro de Justicia se permita asegurar que ANV y el PCTV «no estarán en las elecciones» cuando esa decisión depende en última instancia de los tribunales. En un contexto en el que no se ha garantizado la imprescindible clarificación que exige un proceso tan sensible, la autorización por parte de Baltasar Garzón del acto político convocado por ANV el sábado en Vitoria suscita cuando menos un nuevo foco de perniciosa confusión. Es cierto, como apunta el auto del magistrado contra el criterio del fiscal, que la formación abertzale mantiene su capacidad para actuar públicamente «sin restricción legal» que lo impida. Pero es difícilmente explicable que el mismo juez que ha convocado ya a los representantes de ANV y del PCTV para decidir sobre la suspensión de sus actividades y que es conocedor, además, de la causa incoada contra la alcaldesa de Hernani por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo cometido en el mitin celebrado por los primeros el pasado 12 de enero, haya optado por una interpretación tan flexible del derecho de reunión. Como, en otro orden de cosas, resultará igualmente desconcertante para la ciudadanía que los responsables de la Ertzaintza a la que Garzón encomienda la vigilancia del acto de ANV vayan a manifestarse ese mismo día en Bilbao en un nítido gesto de deslegitimación de la Judicatura, justificado nada menos que en la defensa del autogobierno y de la «relación bilateral» con España.