El fiscal jefe de la Audiencia Nacional pide reabrir la investigación de la contratación del Yak-42

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene reabrir la parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42 -en el que fallecieron 62 militares en Turquía el 26 de mayo de 2003- relativa a la contratación del avión.

La petición se ha hecho en la vista de los recursos de apelación que interpusieron los familiares de los militares fallecidos contra el auto en el que juez Grande-Marlaska sobreseyó esta parte del procedimiento, ante "la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español".

El fiscal, que no recurrió este archivo, ha dicho hoy que apoyaba los recursos de las acusaciones particulares al considerar que "las víctimas, los familiares, los militares muertos merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación" que cree que hasta ahora ha sido insuficiente.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal, ya ordenó, el 15 de julio de 2003, al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Grande-Marlaska y del que en esa fecha lo era Teresa Palacios, que "era preciso instruir diligencias para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa" en estos hechos.

Elementos suficientes para una investigación

Según Zaragoza, existen elementos suficientes para volver a ordenar que se haga una investigación porque el juez instructor "ha cercenado" la práctica de las diligencias que se le han pedido. En este sentido, ha criticado que Grande-Marlaska, en un año que lleva al frente del juzgado, no ha "practicado una sola diligencia para investigar" el accidente, y considera que no debió acordar el sobreseimiento libre "cuando existe un hecho delictivo, como reconoce el propio juez en su auto".

En su auto, el juez aseguraba que el avión era "apto para volar" y atribuía el siniestro a la "falta de preparación" de la tripulación, que también falleció en el accidente.

"Si el piloto es culpable, no se puede ordenar el archivo", ha indicado Zaragoza, criticando que con esta decisión se dejan de investigar "muchas circunstancias", como la "falta de preparación de la tripulación", que no funcionara "el control de voz de la cabina", que la "carga de combustible fuera insuficiente", que la compañía a la que se contrató el vuelo "no tuviera licencia comercial", o que "el avión no tuviera la documentación para aterrizar en España". Por todo ello, se dan los elementos "suficientes para hacer una investigación".

Irregularidades en la identificación

Las acusaciones particulares que recurrieron el archivo, y que culpan a Defensa de lo ocurrido, expusieron por su parte los mismos argumentos que el fiscal y criticaron que el juez mantuviera que la contratación del vuelo (hecha a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte a la compañía ucraniana Um Air) fue por medio de un contrato privado.

"En ningún caso puede ser privado, ya que el Ministerio estaba al tanto de la contratación y subcontratación del vuelo", manifestaron los abogados de la acusación, que denunciaron además que Defensa consignara un pago de 149.000 dólares por el vuelo pero luego realmente se pagaran por él 41.000 dólares, "de manera que hay 108.000 dólares" que "se perdieron por el camino".

Al archivo de esta parte del procedimiento se sumó después el sobreseimiento que acordó Grande-Marlaska en noviembre respecto a la investigación sobre las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 cadáveres, dando así carpetazo a la causa en su totalidad, decisión que, en este caso, ha sido recurrida, además de por los familiares, por la Fiscalía, aunque aún no hay señalamiento para la vista de estos recursos