ANTONIO MOLINA FACIO. RESPONSABLE DE LA OFICINA DE MENORES DE CÁDIZ

Acogimiento familiar: no a los centros de menores

El pasado mes de noviembre, se cumplieron veinte años de la Ley 21/1987, que vino a establecer las bases del actual sistema de protección a la infancia en nuestro país. Un sistema que nace directamente de la mano de cada una de las Comunidades Autónomas y que ha tenido un desarrollo diferente en cada una de ellas. A pesar de tratarse de un periodo corto de tiempo en la vida de un de un sistema de servicio público, en Andalucía ha tenido un importante desarrollo. Es, por tanto, éste un buen momento para analizar el camino recorrido y plantearse nuevos retos ante la próxima convocatoria electoral, propuestas que vayan en consonancia con el avance del conocimiento en esta materia, de la que disponemos hoy suficiente información.

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Los avances más importantes se han centrado en dotar al sistema de un marco legal propio con garantías suficientes para todos los implicados, principalmente para el niño, sujeto de nuestra atención protectora. En segundo lugar, otro de los avances más importantes ha sido la mejora continua en la atención residencial de los menores. Hemos pasado de instituciones masificadas y con una atención puramente asistencial, a instituciones de menor tamaño donde ha primado su carácter técnico y educativo, con criterios de calidad y calidez en la atención de los niños. Se ha completado el acogimiento residencial con programas de apoyo de media y alta intensidad, que han permitido a muchos jóvenes integrase en la sociedad una vez cumplida su mayoría de edad, programas que han sido objeto de valoración fuera de nuestra Comunidad Autónoma. Además de esto se ha conseguido crear en los últimos años toda una red de equipos multiprofesionales, dirigidos a intervenir de forma preventiva con familias en situación de riesgo y evitar la adopción de medidas de protección que impliquen la separación del niño de su entorno familiar. Por último, somos pioneros y referentes para el resto de España al contar con un organismo, el Observatorio de la Infancia en Andalucía dedicado específicamente a la investigación y formación en materia de infancia.

Pero a pesar de todos estos avances y otros que seria prolijo relatar, aún queda mucho camino por recorrer y determinadas áreas donde es necesario que pongamos nuestro esfuerzo en los próximos años.

Me refiero en primer lugar al acogimiento familiar. Hace unos días pudimos conocer en el Foro de la Infancia celebrado en Sevilla los datos del informe sobre acogimiento familiar en Andalucía elaborado por un equipo de la Universidad de Sevilla, De dicho estudio resulta llamativo, entre otras cuestiones que quien soporta el mayor peso del sistema de protección no son los Centros de Menores sino las familias acogedoras extensas de estos menores y que sin embargo son las que cuentan con menos recursos para su atención, tanto técnicos como económicos. Estudios recientes a nivel del Estado sobre el acogimiento familiar ponen de manifiesto que la mayoría de los niños sobre los que es necesario adoptar una medida de separación familiar van a parar en primer lugar a un centro, situación muy similar a la que nos encontrábamos al inicio de la andadura de nuestro sistema de protección, hace veinte años. Existe hoy día abundante cuerpo teórico y de investigación que viene a demostrar los beneficios que tiene para los niños que deben ser separados de su familia la medida de acogimiento familiar frente al acogimiento residencial, sin desdeñar la importancia de éste. Así lo vemos diariamente en experiencias pioneras como el Acogimiento Familiar de Urgencia, implantado en las provincias de Cádiz y Sevilla exclusivamente. También vemos que países de nuestro entorno, como el Reino Unido con larga experiencia en el desarrollo del acogimiento familiar y con instituciones punteras como la BAAF, han conseguido prácticamente erradicar el internamiento en centros de los menores sujetos a protección.

Así que una propuesta atrevida, progresista y necesaria, si queremos seguir siendo referentes en esta materia, para los próximos cuatro años debería incluir la desaparición del internamiento en centros de menores, al menos para aquellos que estén por debajo de los seis años de edad.

En segundo lugar, y aquí la segunda propuesta, para dar viabilidad a un funcionamiento eficaz y eficiente de todo este sistema es necesario que se apoye en Servicios públicos altamente profesionalizados, ágiles, y dotados de suficientes recursos para su buen funcionamiento. Hasta ahora y desde su creación los servicios de protección de menores han venido sufriendo grandes carencias en materia de recursos humanos, tanto en cantidad como en continuidad del personal, que se han suplido con la buena voluntad y profesionalidad de las personas que lo componen. Recientemente en una publicación norteamericana (www. futureofchildern.org) dedicada específicamente a revisar estos asuntos se insiste en la importancia de contar en los servicios de protección con profesionales con una formación especifica, que atiendan un número de casos limitado y con el menor nivel de rotación posible. Hoy día existen en nuestra comunidad formulas de organización de servicios públicos, que se vienen aplicando ya en otras áreas con éxito, que permitirían un funcionamiento aceptable de los servicios de protección de menores. Por tanto la segunda propuesta sería la puesta en marcha de un organismo autónomo y especifico de gestión del sistema de protección a la infancia en Andalucía.