Chaves propone «unidades específicas» en los hospitales para la práctica del aborto

Llega a Andalucía el debate sobre la propuesta de cambios en la Ley de Aborto de 1985 que realiza un sector del PSOE y los partidos de izquierdas para ampliar los supuestos de dicha norma, unido al cierre de varias clínicas en Barcelona y Madrid por la supuesta práctica no sujeta a la ley de las interrupciones de embarazos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, propuso ayer la creación de «unidades singulares específicas» para realizar abortos en hospitales públicos integradas por «médicos que estén incentivados y no aleguen objeción de conciencia», ya que puso de manifiesto que actualmente menos de un cinco por ciento de los abortos se practican en la sanidad pública.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Chaves defendió la necesidad de hacer «autocrítica sobre la actitud de la sanidad pública ante los casos de interrupción voluntaria del embarazo», ya que consideró necesario «replantearnos el hecho de que menos de un cinco por ciento tienen lugar en centros hospitalarios públicos».

Objeción de conciencia

«Es cierto que hay objeción de conciencia, pero creo que en la sanidad pública de las diferentes comunidades autónomas se pueden abrir en los hospitales o en los centros algunas unidades singulares específicas con médicos que estén incentivados y no aleguen objeción de conciencia», explicó el también presidente del PSOE, que apostó por «abrir la sanidad pública a atender ese derecho de las mujeres cuando quieren ejercerlo».

La propuesta de Chaves tuvo una inmediata respuesta del Foro Andaluz de la Familia, cuyo presidente, José Luis Amat, dijo que la iniciativa «sólo es trasladar el problema de lo que supone la destrucción de una vida».

Respecto al debate abierto sobre la necesidad de modificar o no la actual Ley del Aborto, Chaves se mostró partidario de «abrir un periodo de reflexión sobre los cambios que hay que introducir en la Ley si es que hay que introducir cambios en relación a los problemas o ambigüedades que han podido detectarse tras 22 años de vigencia».

En las antípodas está la Iglesia. Su portavoz y secretario general, Juan Antonio Martínez Camino, recordó ayer que la postura de los Obispos ante dicha legislación permanece inalterable en el tiempo. El prelado fue tajante y dijo que «es bueno» reabrir esta vieja polémica para que «la sociedad vuelva a caer en la cuenta» de que existe una ley que «da licencia para matar a los hijos». «Esto es un problema muy serio y muy grave», afirmó el obispo auxiliar de Madrid.