Un secreto a voces

La cifra de agentes españoles, tanto de la Policía como de la Guardia Civil, que trabajan todos los días en suelo francés es un secreto de Estado. Aunque distintas fuentes han situado su cifra en alrededor de trescientos, apostar por una cantidad exacta implica una alta probabilidad de error. E incluso el número es variable en función de si se enfrentan a una operación inminente, caso en el que se refuerza la presencia de agentes españoles en Francia.

El secretismo que rodea a toda su actividad no es fruto sólo del cometido especial al que se enfrentan -perseguir a una ETA clandestina en su propio territorio, en los lugares donde cuenta con sus refugios- sino también a la necesidad de respetar la casi sagrada concepción de su soberanía que tienen las autoridades galas. Los policías españoles que trabajan Francia, en este sentido, lo hacen en equipo con los Renseignement Géneraux (RG) -la inteligencia interior francesa- en el caso de la Guardia Civil, o con la Policía Judicial, en el caso del Cuerpo Nacional de Policía. Los españoles nunca van armados y todas sus actividades son notificadas con exactitud suiza a las autoridades galas. En las operaciones, su presencia en primera línea es nula ya que no pueden actuar. Ello supone que tengan que limitarse a ser testigos de cómo sus homólogos galos culminan operaciones que ellos llevan meses, y en ocasiones años, investigando.

El agente asesinado ayer, Raúl Centeno, y su compañero herido grave, Fernando Trapero, forman parte de la Unidad Central Especial (UCE) número 1 de la Guardia Civil, una de las unidades que en la práctica son la punta de lanza de la lucha antiterrorista española. En su actividad no sólo es clave su capacidad de moverse en Francia, sino también, las propias operaciones que llevan a cabo en suelo español y de las que en muchas ocasiones se alimenta las investigaciones que posteriormente se abren al otro lado de la frontera.

Conseguir que la UCE haya llegado a operar con normalidad en Francia es fruto de largos años de trabajo político llevado a cabo por los distintos Gobiernos españoles desde los años 80, así como de una larga tarea que decenas de policías y guardias civiles han llevado a cabo para establecer una fluida relación personal con sus compañeros del otro lado de la muga. En ocasiones,el trato directo ha ofrecido la llave para abrir puertas que los acuerdos políticos mantenían cerradas.

Disfunciones

Pero esa larga tarea ha sufrido momentos de incertidumbre.En los años 90, la especial personalidad del polémico y ambicioso jefe de la lucha antiterrorista gala, Roger Marion, causó problemas con la Guardia Civil. En 1994, el supercomisario galo llegó a apagar una fotocopiadora en la que agentes del instituto armado copiaban documentos recién incautados al entonces dirigente de ETA Félix Alberto López de Lacalle, 'Mobutu'. La actitud de Marion provocaría más incidentes. En 1996, cuando iba a ser detenido el entonces jefe de ETA Ignacio Gracia, 'Iñaki de Rentería', la decisión del comisario de no realizar de manera simultánea una serie de registros supuso que la Guardia Civil y los RG -que no pueden practicar detenciones- asistieran atónitos a la fuga de varios etarras. En aquella ocasión, el entonces presidente Aznar telefoneó a su homólogo galo, Lionel Jospin, para pedirle una actuación inmediata. Según todas las fuentes, estas disfunciones ya están superadas.

La colaboración policial entre ambos países está detrás de las principales operaciones de la lucha antiterrorista. El desmantelamiento de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, uno de los hitos en la persecución de la banda, fue una investigación española. Las caídas de decenas de comandos y de zulos o la captura del jefe de ETA en 2004, Mikel Antza, también se deben a la labor de agentes españoles en suelo galo.

Pero pese a que los éxitos de estos policías han sido básicos para frenar a la organización terrorista, nadie habla nunca de su actividad. Siempre serán un secreto de Estado.