La Fiscalía pide el archivo de la causa contra los científicos del Banco de Células

La Fiscalía del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) pidió ayer el archivo «inmediato» de la causa abierta contra cuatro investigadores del Banco andaluz de Células Madre de Granada a raíz de la petición de una particular relacionada con grupos católicos. El Ministerio Público argumenta su petición en la «falta de relevancia penal» de los hechos denunciados, que están amparados por la ley.

La demanda contra los científicos fue presentada por Carmen Aroso al considerar que las investigaciones con pre-embriones humanos, pese a ser autorizadas, podrían ser inconstitucionales por «atentar contra la vida». Estima además que serían constitutivas de un supuesto delito de manipulación genética, aborto, lesiones al feto e incluso un delito contra la integridad moral.

Cuatro folios

La mujer, vinculada a la Fundación Red Madre -a la que apoya el Foro Español de la Familia-, presentó la denuncia a finales de septiembre en el juzgado de Guardia de su ciudad, Santiago de Compostela, y fue desviada al juzgado de lo penal número 8 de Granada. La denunciante protestó contra investigaciones similares en laboratorios de otras partes del país, e incluso contra la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

En una resolución de cuatro folios, el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, señala que la denuncia de Areoso coincide «parcialmente» con la pretensión de quienes se declaran contrarios al uso de embriones sobrantes de los programas de fertilización in vitro con fines de investigación médica, y «se limita a manifestar su enérgica contrariedad con una norma que ha sido dictada por el legislador con todas las garantías y para el desarrollo de algunos derechos fundamentales».

No obstante, el fiscal matiza que esta contrariedad no puede encontrar «en modo alguno un cauce adecuado en el procedimiento penal», recordando que a esta vía se recurre «como última ratio para solución de cualesquiera conflictos sociales».

Así, en el texto, García Calderón manifiesta que no ha lugar a la práctica de las diligencias probatorias solicitadas por la demandante, ni tampoco la suspensión de la actividad de los científicos, que la demandante reclamaba como medida cautelar.

Además, el representante del ministerio público lamenta que «no se aporte dato alguno que permita inferir su relación o el desarrollo de una actividad que sea jurídicamente reprobable», ya que el único elemento probatorio en el que se apoya la denuncia es un artículo publicado hace casi tres años en una determinada revista científica, en el que ponía de manifiesto que dichos proyectos de investigación «se realizan con embriones humanos sin la necesidad de su procreación y que, de igual modo, se están alterando, dañando y destruyendo embriones humanos con meros fines científicos».

En este sentido, señala que la propia denunciante ya apuntó en su demanda que los proyectos criticados fueron aprobados por la Comisión de Seguimiento y Control de Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. El fiscal resalta además que el trabajo de los cinco investigadores demandados por su labor en el Hospital Virgen de las Nieves «no incumple» en modo alguna las finalidades señaladas por la ley en esta clase de actividades vinculadas con la reproducción asistida.