Editorial

Por una Bahía competitiva

El Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz, «Bahía Competitiva», que prevé una inversión de 1.590 millones de euros hasta el año 2013, como ya ayer adelantó LA VOZ, responde a la necesidad de lanzar un proyecto cohesionado de futuro para la comarca y lograr su despegue definitivo, tras sucesivas crisis industriales. Su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, reunido excepcionalmente en Cádiz, marca un horizonte de esperanza, pero también un reto de responsabilidad. Es indispensable que sirva a sus objetivos y que su cumplimiento se ajuste a los plazos y las expectativas despertadas, con eficacia y sin sombra de electoralismo.

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El plan hace especial hincapié en el fomento del tejido empresarial en la Bahía, que hasta ahora ha sido una de las más graves carencias de una economía históricamente marcada por una fuerte presencia del sector público, y la incentivación de la innovación y las iniciativas emprendedoras. Debe ser, en este sentido, algo más que un mero proyecto para subsidiar contrataciones efímeras implantado en otros tiempos con nulos resultados en la empleabilidad de la zona, cuyos índices de paro siguen resistiéndose a bajar. Sin embargo, es preciso que sea algo más que una compilación de proyectos de las consejerías de Obras Públicas, Economía y Hacienda, Empleo, Innovación y Agricultura y Pesca reunidos bajo un epígrafe diferente: muchos de los programas y dotaciones presupuestarias forman parte de los planes de acción del Ejecutivo andaluz e incluso los cien millones de incentivos del Ministerio de Industria se incluyen en las medidas urgentes. La ampliación de la mejora de la red viaria, la modernización del sistema intermodal de transportes, el Área de las Aletas, el Centro Tecnológico de la Acuicultura, adaptación de titulaciones universitarias a sectores de actividad estratégica, acciones en materia de agua, desarrollo energético sostenible, fomento de i+D+i o la red de espacios libres de la Bahía no se pueden incluir como un plan especial, ya que o bien estaban previstos o representan necesidades urgentes. Es preciso, pues ahondar en las medidas específicas para el desarrollo industrial. Pagar 9.000 euros por cada contrato puede parecer más bien un intento de ocultar el fracaso de los planes de formación y evitar que la falta de recolocación de los ex empleados de Delphi estalle en pleno proceso electoral.