La cuarta parte de las casas ilegales se ha construido en los últimos cinco años

En los últimos cuatro años se han construido en el municipio más de mil viviendas irregulares. Aunque no hay una cifra exacta del número total de edificaciones ilegales que existen, la comisión municipal que estudia este fenómeno urbanístico calcula que hay alrededor de 4.500 construcciones de este tipo. Es decir, en el lapso de cuatro años se ha erigido una cuarta parte de las construcciones ilegales.

Aunque la existencia de este tipo de construcciones es un problema que se remonta a los años ochenta, la proliferación de estas edificaciones alcanzó su cénit a principios de esta década. La teniente de alcalde del Área de Urbanismo, Patricia Ybarra (PP), ha subrayado que «la pasividad del anterior equipo de Gobierno ha propiciado esta auténtica fiebre constructora».

En la década de los ochenta, las construcciones se limitaban al método de la autoconstrucción, particulares que invertían todo su tiempo y dinero en la fabricación de su futuro hogar. Sin embargo, a partir del 2003 comienza el auge de las promociones inmobiliarias irregulares, a través de promotoras radicadas en Chiclana principalmente. Estos casos están especialmente perseguidos ya que se trata de empresarios que erigen estas edificaciones para lucrarse de forma ilícita. Además, los promotores falsificaban certificados de antigüedad ya que el delito urbanístico prescribe a los cuatro años. El Área de Urbanismo ha identificado de momento 318 viviendas con estos certificados falsos.

Asimismo, los promotores construyeron estos complejos sin encontrar ningún tipo de trabas por parte del Gobierno de IP-PSOE. De hecho, las conclusiones de la comisión de viviendas ilegales subrayan que «en los últimos años, se ha asentando la idea de que se pueden realizar obras ilegales en cualquier suelo de forma impune», según recalcaba el informe.

Hay otro factor que ha alentado esta fiebre constructora. A partir del 2003, el Gobierno local ratifica la aprobación general del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según el nuevo plan urbano, los suelos de gran parte de estos diseminados serán recalificados como urbanos, es decir, entrarían dentro del planeamiento. En este sentido, sólo serán legalizadas las construcciones que hayan sido terminadas antes de la aprobación definitiva del Plan General. Sin embargo, la Junta de Andalucía rechazó el documento «por exceso de edificabilidad».

Ahora toca la parte más dura, ordenar este desaguisado de ladrillos y cemento.

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