La promotora del mercado de Medina Sidonia pierde otro juicio contra los vecinos

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Cádiz ha desestimado la demanda interpuesta por la empresa, Cádiz Alternativo y por Felipe Segundo Astorga, contra la comunidad de propietarios de las 330 viviendas del polígono de La Paz y le obliga a los demandantes a pagar las costas del juicio.

La demanda, que había sido admitida a trámite el pasado 9 de mayo, se había presentado para pedir la nulidad de los acuerdos tomados en la junta de propietarios del día 11 de enero de 2007. Ese día, según alegaban los demandantes, se había privado de su derecho a voto a Segundo Astorga, «no obstante constarle a la comunidad demandada su condición de propietario de una de las viviendas». Además, se alegaba que se habían dado defectos formales en la convocatoria de la junta.

En los fundamentos de derecho, se dice sin embargo que Segundo Astorga, administrador al mismo tiempo de Cádiz Alternativo, adquirió su condición de propietario el 16 de enero de 2007, es decir, con posterioridad a la fecha de celebración de la junta de vecinos. La ley sólo da legitimidad para impugnar los acuerdos adoptados a los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta «y ello aún cuando la Comunidad le hubiese permitido la asistencia a las reuniones en la creencia de que actuaba como tal propietario», dice el auto.

Los vecinos mostraron su satisfacción por esta nueva sentencia y agradecen el apoyo de otros ciudadanos, «en la firme convicción de que nos oponemos solidariamente a un proyecto que no sólo iría contra la calidad de vida de cientos de familias, sino contra el sentido común y el caos urbanístico, peatonal y de tráfico en el que han convertido la zona de Segunda Aguada», señalan en una nota pública. La comunicación está firmada por el presidente de la comunidad, Antonio Falcón y el secretario, José Luis Martínez Ortega.

Estos vecinos quisieron recordar que Cádiz Alternativo presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Cádiz al no concedérsele la licencia de obra para la construcción del pretendido mercado de abastos, contencioso en el que ha sido admitida la participación de la comunidad de propietarios.