La cumbre de la Unión Europea busca poner fin a una década de debates institucionales

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebran hoy y mañana una cumbre en Lisboa con la confesada determinación de pasar página y dejar atrás un debate, el de la reforma institucional de la Europa comunitaria, que viene arrastrándose desde mediados de la década pasada, cuando se discutía el Tratado de Ámsterdam.

Las perspectivas de acuerdo son buenas. El presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, declaraba ayer haber percibido una clara voluntad de que los debates en la cumbre no degeneren en una «batalla de Lisboa» y que, finalmente, el compromiso asumido el pasado junio por el Consejo Europeo se vea convalidado ahora por los líderes comunitarios, con su debida articulación que ha sido puesta a punto por juristas, en el seno de una conferencia gubernamental, desde finales de julio.

«El compromiso que tenemos sobre la mesa es bueno. Es hora ya de dejarnos de debates sobre la arquitectura institucional para, con los nuevos instrumentos que hemos preparado, cambiar Europa y el mundo», afirmó Durão.

Modificaciones

El proyecto de compromiso del que hablaba Barroso son dos tratados, llamados 'de la Unión' y 'de Reforma', en los que se encuentran recogidas, con escasísimas excepciones poco relevantes, además, las principales aportaciones de la fallida Constitución europea, la cual, en sí misma, no era una Carta Magna, sino un tratado internacional.

Han desaparecido las referencias a la Constitución, a los símbolos identificadores de una realidad política común (himno, bandera, moneda común) que, sin embargo, mantienen su vigencia y se ha procedido a una reacomodación de todo el articulado del Capítulo III, (el que recogía las políticas comunes y el funcionamiento de la Unión) en los textos existentes.

La Carta de Derechos Fundamentales, que en el proyecto constitucional contaba con lugar propio (el Capítulo II), no figura en los nuevos tratados. Se menciona que será jurídicamente vinculante para los socios comunitarios salvo en el caso del Reino Unido, que se mantiene al margen en virtud de una cláusula de exclusión.

El resto de los cambios previstos en la Constitución aparecen recogidos en los nuevos tratados: se crea la figura del presidente de la UE por mandatos de dos años y medio, en lugar del semestre actual; se reduce a partir de 2009 el número de comisarios en el Ejecutivo de la UE a una cantidad que se corresponderá con las dos terceras partes de los socios; habrá un ministro de Exteriores que será también vicepresidente de la Comisión, y en 2014 las decisiones en el Consejo se adoptarán mediante dobles mayorías (de Estados, -el 55%- y de población -al menos el 65%-).

Además, la UE contará con una personalidad jurídica única y se reconoce el derecho de acción ciudadana, por el que la Comisión será invitada a proponer legislación si se lo pide un millón de ciudadanos. Los parlamentos nacionales, en fin, tendrán un decir en el proceso legislativo europeo, aunque no la capacidad de veto que les quería atribuir Holanda.

Las materias a discutir son pocas. De todas las reivindicaciones, la más difícil de atender es la de Italia, que no está de acuerdo con el reparto de escaños en la Eurocámara que le ha correspondido en la propuesta.