Osuna contraataca con el anuncio de querellas tras su absolución en Rilco

En un escenario peculiar para lo que iba a ser el contenido de la rueda de prensa, Miguel Osuna, exdelegado de la Zona Franca de Cádiz entre marzo de 2001 hasta el 15 de mayo de 2004, anunciaba este jueves una batería de querellas tras confirmar el Tribunal Supremo (TS) su absolución en el 'caso Rilco'.

Subido al escenario de la Casa de Córdoba de Cádiz, Osuna iniciaba su intervención con una afirmación rotunda: «Soy inocente. La sentencia no dice que faltan pruebas o que no ha quedado acreditado. Dice que soy inocente de los delitos que me imputan».

De esa introducción pasaba a anunciar que tras la decisión del TS va a pedir la revisión del fallo que el mismo tribunal, pero la Sala de lo Contencioso, dictaba a principios de mes, cuando confirmaba la condena al pago de 2,6 millones de euros por gestión «negligente» en el proyecto de portal de comercio electrónico Rilco y el perjuicio que ocasionó a las arcas del recinto fiscal.

«Se puede ser responsable contable pero no penal, pero lo que no me puede decir una sala es que el portal existió, que tenía el valor que tenía; y otra sala decirme lo contrario. No tiene ningún sentido».

Si no prospera la revisión, ya anuncia que irá al Tribunal Constitucional (TC). A esta instancia también va a acudir para denunciar vulneración de derechos fundamentales en los procedimientos judiciales en los que se ha visto envuelto, alguno de los cuales está aún sin resolver como el 'caso Quality', donde a día de hoy está imputado en una instrucción que ya ha cumplido una década.

Osuna reconocía que aún «nadie» le ha reclamado el pago de los 2,6 millones de euros que deben regresar a la caja de Zona Franca, pero anuncia una fórmula alternativa para reunir esa cantidad. «Voy a presentar una querella contra José de Mier (su sucesor al frente del recinto fiscal) y los dos abogados del Estado a los que voy a reclamarles daños y perjuicios». Y la cifra que va a solicitar de indemnización: los 2,6 millones.

Cuando se le pregunta si en caso de condena esa millonaria cantidad podría acabar pagándola el Consorcio, lo confirma: «Si ellos no pueden afrontarlo, aunque lo dudo porque tienen posibilidades, de manera subsidiaria deberá hacerlo Zona Franca».

A José de Mier lo culpa de estar al tanto «de los desmanes de los abogados del Estado». Su versión tras más de una década de batalla judicial es que estos dos letrados, que ya están fuera de la institución estatal, «metieron la pata al asesorar a Rodríguez de Castro cómo debía realizar la contratación de Rilco y quisieron responsabilizarme». Los acusa abiertamente de ser «colaboradores en los delitos cometidos por Manuel Rodríguez de Castro»; su antecesor y al que ha calificado de «golfo».

En esa trama de intrigas y venganzas, el exdelegado -ya retirado de la política- incluye a la mujer de uno de esos letrados, contra quien se querellará también. «Nuria Maroto, que era miembro del Consejo de Zona Franca, votó a favor de todas mis decisiones».

Osuna relata que el mismo día que el PSOE, como acusación popular, presentó la acusación contra él por el 'caso Rilco', Maroto «envió un correo a 200 compañeros de profesión, inspectores de Hacienda, asegurando que iba a ser condenado a 12 años de cárcel». Asegura que detrás de esa acción había una simple venganza personal: «No la apoyé en su deseo de formar parte de la dirección de la organización profesional de inspectores de Hacienda».

A este culebrón no le falta el ingrediente político con la capital como escenario de la pugna. Los dardos del exdelegado también van dirigidos al PSOE provincial. Igualmente anuncia querellas contra algunos de socialistas a los que no ha querido señalar con nombre y apellidos.

«Al grupo socialista municipal sólo espero que no los borren del mapa electoral. Pero ya les anuncio que nos veremos en los tribunales porque llevo años soportando sus acusaciones falsas».

Osuna ha contado cómo algunos cargos del PSOE le llamaron en varias ocasiones por teléfono planteándole una salida a sus entuertos judiciales: «Me decían que si le echaba mierda a Teófila, si le echaba las culpas, me dejarían en paz. Y como no lo hice han tenido verdadera obsesión conmigo». El exdelegado respondía a casi todas las preguntas de los periodistas, salvo a unas pocas comprometedoras, cómo cuando le pidieron que dijera quiénes le habían ofrecido ese trato.

Quienes pagan la minuta

Pese a que ha situado en ese «frente común» contra él al PSOE, asegura que algunos militantes de ese partido, junto a otros del PP, son los que le han ayudado a pagar su defensa jurídica, añadiendo más picante a una polémica que han mantenido viva los socialistas, acusando reiteradamente a los populares de hacerse cargo de la minuta del letrado de Osuna.

Enfrente también ha tenido a la Fiscalía de Cádiz, que recurrió la absolución que en primera instancia dictó la Audiencia Provincial en el 'caso Rilco' y solicitando al TS que condenara al exdelegado a ocho años de cárcel. Sin embargo, contra el Ministerio Público no anuncia ninguna acción (aún tiene abiertos varios frentes judiciales) y se limita «a reservarse su opinión».

Dice que se arrepiente de haber aceptado el cargo de delegado especial de la Zona Franca. «Me eligieron porque podía facilitar el diálogo con el PSOE. Supe pronto que me iba a comer un marrón (en referencia a la herencia de Rodríguez de Castro), pero jamás pensé que llegaríamos a esta situación».

Con estas declaraciones el que fuera también subdelegado del Gobierno a finales de los 90 ratifica que los culebrones derivados de la polémica gestión del recinto fiscal durante los años de gobierno de José María Aznar en la Moncloa están lejos de acabar.