Susana Díaz nunca envió a los jueces las pruebas del origen del fraude del caso ERE
El anterior Gobierno ocultó el acta del Consejo que comprometía a Chaves y dos convenios sobre el «falso préstamo» dado a la primera empresa de los ERE
El guion del fraude de los ERE empezó a escribirse en un Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves el 9 de noviembre de 1999. El capítulo cero arranca con un acuerdo del máximo órgano ejecutivo por el que daba autorización al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), un organismo de la propia administración para conceder un «préstamo-puente» de 5,83 millones de euros a la compañía Campocarne Andalucía S.A., filial del grupo Campofrío , para que los invirtiera en la compra de la fábrica de Jaén Hijos de Andrés Molina (Hamsa), propiedad del IFA desde que en 1995 tomara su control para evitar el cierre de la principal industria cárnica andaluza.
Chaves y cinco de sus consejeros , figuras tan relevantes de la historia de la autonomía como Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández , acaban de ser imputados por «la presunta ilicitud de la concesión del préstamo», según expone el auto del juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, que ha abierto otra causa penal contra ellos. Atiende así una petición de la Fiscalía Anticorrupción que aprecia en la actuación de los antiguos responsables socialistas indicios de sendos delitos de prevaricación administrativa y malversación.
El anterior Gobierno pilotado por Susana Díaz (PSOE) nunca envió al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el expediente completo de dicha operación de ingeniería financiera que ha causado un menoscabo de al menos 3,7 millones de euros (la cuantía pendiente de amortizar) en las cuentas públicas. Hasta el pasado 2 de diciembre, la letrada de la Junta Victoria Gálvez -la misma abogada que pidió el archivo d e la pieza política del caso ERE -, no registró en el Juzgado un escrito acompañado de documentación oficial sobre el «falso préstamo» que no había sido remitida antes. Esta ayuda encubierta fue el proyecto piloto del sistema ilícito de ayudas, el famoso «fondo de reptiles», que ya se estaba preparando en la sala de máquinas del Ejecutivo socialista para socorrer con recursos públicos a otras industrias en crisis y apagar así las protestas de los miles de trabajadores que se quedaban en la calle.
Entre la documentación entregada ahora al juzgado por el nuevo Ejecutivo del PP y Ciudadanos están el acta de la reunión del Consejo de Gobierno, el documento oculto desvelado por ABC, y dos convenios más, uno previo y otro posterior al citado acuerdo, según ha podido constatar este periódico, que ha tenido acceso a parte del sumario de la causa. En concreto, no había sido facilitado a la Justicia un convenio suscrito el 6 de mayo de 1999 por el consejero de Trabajo, Guillermo Gutiérrez, y el presidente del IFA, Salvador Durbán , por el que el consejero encomendaba al instituto que anticipara ayudas de «hasta un máximo de 1.100 millones de pesetas» (6,61 millones de euros) para reflotar la planta que Campocarne iba a comprar.
Misteriosa desaparición
El otro convenio, fechado el 2 de diciembre de 1999, desarrolla el acuerdo ratificado casi un mes antes por el Consejo de Gobierno . Había desaparecido de los archivos de la Consejería de la Presidencia. Mediante este documento, que lleva la rúbrica del consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías , el también secretario general del PSOE de Jaén «adquiere el compromiso de abono completo» a Campocarne de las cuantías estipuladas en un acuerdo previo de compra hasta alcanzar los 2,83 millones de euros (471 millones de pesetas). El 22 de diciembre de 1999, día de la Lotería de Navidad, se formaliza el préstamo ante un notario y la Junta a través del IFA entrega dos cheques bancarios a la compañía de 5,1 millones de euros y 721.000 euros (850 y 120 millones de las antiguas pesetas).
Juicio sin la prueba clave
El convenio que comprometía a Zarrías había desaparecido de los archivos de la Consejería de la Presidencia. Por suerte, aún quedaba una copia en los ficheros de la agencia IDEA (heredera del IFA). El anterior director de IDEA, Julio Coca, lo mandó al juzgado en enero de 2019, un día antes de que se constituyera el nuevo Gobierno andaluz.
En febrero de 2018, el mismo alto cargo había dirigido un escrito al tribunal que estaba enjuiciando a Chaves y Zarrías por la pieza política del caso ERE en el que negaba su existencia : «No hay constancia de ningún convenio» en la base de datos, alegó. Había un error en la fecha: el convenio era del 2 de diciembre de 1999 en lugar del día 22, pero este desliz no impidió que el exdirector supiera lo que se le estaba pidiendo. De hecho, se lo envió, un año después, el juzgado. Para entonces, el juicio ya había concluido y la prueba ya no podía ser valorada por el tribunal que dictó la sentencia.
Aquel préstamo «nunca tuvo intención de ser cobrado» y era un mero artificio, una «simulación» - así lo llama la Fiscalía -, un trampantojo, valga el símil culinario para una planta célebre por sus chorizos. La Junta daba un crédito como un «anticipo» de las subvenciones futuras que le iba a conceder, según figura en el acuerdo adoptado el 29 de octubre de 1999 por el consejo rector del IFA, ratificado once días después en el Palacio de San Telmo.
No pasó por el consejillo
El acuerdo nunca pasó por el «consejillo», la Comisión General de Viceconsejeros que prepara las decisiones que luego adopta el Consejo de Gobierno. Para que el consejillo le diera trámite debía contar con los preceptivos informes de la Intervención de la Junta, el Gabinete Jurídico y la Dirección General de Presupuestos, como cualquier acuerdo de tan elevada cuantía . Pero la operación carecía de dichos documentos y se «coló» en la sesión del Consejo por «la vía de urgencia».
Al Gobierno le acuciaba buscar una salida a Hamsa que aplacara los caldeados ánimos de su plantilla, que habían protagonizado huelgas y escraches a sus dueños. El comité de empresa de Hamsa buscó como negociador al dirigente de la federación agroalimentaria de UGT, Juan Lanzas, quien años después haría una fortuna que la Guardia Civil cifró en 7,4 millones como conseguidor de subvenciones para ERE de empresas.
Con el falso préstamo, la Junta vendía la fábrica y se quitaba un problema que amenazaba su paz social. También puso el dinero. Los fondos no salían directamente de la Consejería de Trabajo, sino de un ente externo , el IFA, porque en febrero de 1999 la Comisión Europea había declarado ilegales los más de 54 millones de euros en ayudas con los que había regado el Gobierno andaluz a la empresa. Bruselas le obligó a explorar una nueva vía . El Ejecutivo disponía y el IFA pagaba sus compromisos políticos, al no estar sometido a los mismos controles.
La antigua Cárnicas Molina se convirtía así en un laboratorio del sistema ilegal de los ERE. Este método se institucionalizó a través de las partidas presupuestarias 22E y 31L . La Consejería de Empleo nutría fondos al IFA (luego reconvertido en la agencia IDEA), mediante transferencias de financiación y el ente externo abonaba las ayudas de empresas seleccionadas de manera caprichosa o arbitraria para «eludir los procedimientos establecidos para la concesión de subvenciones».
La fábrica pasó por otros dueños. Tras Campocarne llegaría Primayor. Pero el declive persistía. A finales de 2007 Zarrías se reunió en su despacho oficial con José María Ruiz Mateos para mediar en su compra. La operación fracasó. El grupo del empresario jerezano, Dhul, entró en concurso de acreedores a principios de 2010. Después del cientos de millones gastados, una nave en ruinas es hoy el único testimonio que queda de la cárnica que más desvelos causó al Gobierno de Chaves.
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