Las residencias de tiempo libre en Andalucía, un privilegio sindical de UGT y CC.OO.

Entre 1999 y 2006, la Junta de Andalucía benefició a UGT y Comisiones Obreras al cederle en exclusiva la gestión de las Residencias de Tiempo Libre . Otras organizaciones, como USO y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), acudieron a los juzgados para acabar con este agravio. Alegaron que habían sido discriminados porque afiliados de otros sindicatos y el resto de ciudadanos tenían los mismos derechos a pasar las vacaciones con sus familias en las Residencias de Tiempo Libre, al margen de su adscripción política o sindical.

Los tribunales les dieron la razón y el 3 de abril de 2006 la Administración comunicó a las federaciones regionales de UGT y Comisiones Obreras que a partir de ese momento no podían hacerse cargo de la tramitación y adjudicación de todas las plazas de estos complejos públicos de vacaciones.

La Junta tiene residencias repartidas por distintos lugares que fueron transferidas por el Estado en el año 1984: Marbella, Aguadulce (Almería), Cádiz y La Línea, Pradollano (Granada), Punta Umbría (Huelva) y Siles (Jaén) . La primera sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue dictada el 2 de mayo de 2000. Se esperó a que el Supremo la declarara firme para retirar la cesión a ambos sindicatos. Desde entonces es la propia Junta de Andalucía la que asume la explotación.

El acuerdo de colaboración con UGT y CC.OO estipulaba que estas organizaciones distribuían el 80 por ciento de las plazas y la Administración el 20 por ciento restante. La recaudación de los precios públicos a los usuarios corría a cargo de las centrales sindicales, que debían proceder después a ingresar lo cobrado en las arcas autonómicas. Además, percibían una cantidad equivalente al 20 por ciento del importe de las plazas que adjudicaban en concepto de «gastos originados por la gestión de las mismas».

La Junta de Andalucía sostiene que UGT-A y CC.OO .-A incumplieron su obligación, recogida en el acuerdo de colaboración, y se quedaron con la diferencia entre el precio público cobrado a los usuarios y el 20 por ciento que debían quedarse por los gastos de gestión. La deuda asciende a 3,37 millones de euros en el caso de UGT-A y 4,02 millones por parte de Comisiones Obreras.

Bajo el Gobierno de Manuel Chaves, entre 2003 y 2006, empezaron a reclamar sin éxito estas cantidadesmediante oficios dirigidos a ambas organizaciones . El 14 de septiembre de 2012, con José Antonio Griñán como presidente, se solicita al Servicio de Legislación el primer informe acerca del plazo del prescripción aplicable a estas reclamaciones . Pero hasta 2015 no se tramitó un procedimiento administrativo de reintegro.