Los seis policías imputados del distrito Macarena seguirán suspendidos hasta que no concluya el proceso judicial

El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, lo ha anunciado en un acto de Granada

SEVILLAActualizado:

La primera reacción política a la imputación de seis policías del distrito Macarena por supuesto cohecho y varios delitos más a raíz de una intervención de tabaco de contrabando en un establecimiento de la Ronda de Pío XII, ha llegado de la mano del delegado del Gobierno. Antonio Sanz ha confirmado este martes que los funcionarios policiales, pertenecientes a la escala básica y a la unidad de Seguridad Ciudadana, permanecerán suspendidos de empleo y sueldo hasta que se resuelva el procedimiento judicial que dirige el juzgado de Instrucción nº 1 de Sevilla.

La «Operación Dani», adelantada por este periódico el pasado 20 de octubre, tiene su origen en la denuncia de la pareja que regenta el negocio de alimentación que fue inspeccionado por los funcionaros bajo sospecha el pasado 19 de mayo. Este matrimonio asegura que los agentes se quedaron con más de 17.000 euros y el tabaco de contrabando que intervinieron en el local y entregaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del local como prueba

El material llegó en un primer momento a un inspector de la brigada de Extranjería, que lo entregó a Asuntos Internos. Un informe, cuyo contenido fue revelado por ABC hace unos días, concluye que hay indicios de delito ya que no queda claro qué hicieron los agentes con el dinero que sacaron del local. También hay sospechas de que redactaron a posteriori un acta de aprehensión en el que hicieron constar menos cajetillas de tabaco. Los funcionarios policiales han negado por completo todas las acusaciones.

Cuando el juzgado abrió diligencias e imputó a los agentes el pasado mes de julio, el Cuerpo Nacional los suspendió de empleo y sueldo; una medida que ha sido calificada de excesiva por parte de la Unión Federal de Policía por haberse producido sin que haya una resolución judicial firme. Ahora, el delegado del Gobierno ha confirmado que los funcionarios policiales permanecerán en esa situación hasta que no concluya el proceso judicial.