Maeztu denuncia falta de control y de coordinación en los equipos que aseoran sobre menores a la Justicia

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu , ha deunciado este lunes la falta de coordinación de los equipos psicosociales de la Administración de Justicia en Andalucía, encargados de ofrecer criterios a los órganos judiciales para resolver los asuntos con menores implicados en materia de Derecho de Familia, como una normativa que regule el servicio y los derechos y obligaciones de cada una de las partes, así como homogeneidad en los criterios utilizados . Maeztu también ha puesto de relieve la «frecuente» externalización del servicio pericial y el «escaso control» de sus resultados o las «dificultades» de estos equipos en el «colapso» judicial.

El Defensor ha explicado que desde su oficina se gestionan una 30 quejas al año por la intervención de este servicio de asesoría, que es «muy relevante» en la vida de los menores que se ven envueltos en un proceso que tiene que ver con la Justicia como puede ser el divorcio de sus padres. Las principales faltas que se denuncian antela Oficina del Defensor son la mala praxis profesional (informes contradictorios o icompletos, sesgados o en favor de la otra parte, entre otras cosas); disconformidad con las empresas contratadas para realizar los informes (lo que supone, en opinión de los denunciantes, un menoscabo para sus derechos ); y ausencia de colegiación de los profesionales que trabajan en este servicio.

De este modo, Maeztu incide en la «urgencia» de la regulación de los equipos psicosociales -cuyos informes son cada vez más demandados por el aumento de las peticiones de custodia compartida-, ya que sus actuaciones se enmarcan en un marco jurídico que se limita a una exigua referencia en le Código Civil (artículo 92), con lo que, a juicio del Defensor, «nos encontramos con un vacío legal» y critica que «no se encuentren clarificados y definidos los derechos y deberes de quienes se someten al estudio psicosocial o las garantías para el usuario del servicio, incluida la posibilidad de más elemental de reclamar contra los informes».

Además, apunta que en Andalucía «hay tantos equipos como modelos de funcionamiento» y que estos «están organizados de manera dispar entre las ocho provincias», toda vez que asegura que los equipos deben estar compuestos por un especialista en psicología y otro en trabajo social, y, sin embargo, en Andalucía «no siempre se sigue este esquema», y que la colegiación de los profesiones de los equipos «sigue siendo una debate abierto a la espera de una respuesta legal».

Igualmente, el Defensor concluye de su investigación que el informe psicosocial «necesita de una puesta en común», porque, destaca, «las realidades en el funcionamiento diario de estos equipos da cabida a peculiaridades, sistemas y estilos de trabajo muy diferentes». « No hemos encontrado pautas fijas de manera formal , sino criterios ya establecidos e incorporados en las pauta consolidadas de cada equipo», que «identifica y despliega la gestión de sus expedientes en función de criterios o preferencias propias ».