La juez Núñez revisa la división del caso ERE

La juez del Juzgado de Instrucción N.6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha rediseñado la división en piezas que ella misma realizó en julio del caso ERE, dejando como pieza matriz la causa originaria de los ERES de 2011, de ayudas sociolaborales y directas, y desgajando de esta matriz otras seis piezas con las que se comienza a trabajar, dándoles una tramitación preferente con el fin de que puedan ser enjuiciadas al menor tiempo posible.

Estas seis piezas son las que instruyen los siguientes asuntos: el procedimiento específico, las sobrecomisiones, ACYCO, Surcolor S.A. Surcolor Óptica S.A., Sayago y Rosendo y Cenforpre.

Núñez Bolaños, en contra del criterio de la anterior titular del Juzgado, Mercedes Alaya, dividió la causa en tres partes: el procedimiento específico de concesión de las ayudas, las sobrecomisiones y las propias ayudas, pieza que se subdividía en tantas otras como empresas beneficiarias de subvenciones presuntamente irregulares.

Ahora ha seleccionado seis piezas para darle tramitación prioritaria buscando la máxima casuistica posible de lo instruido y atendiendo al estado en el que se encuentra la instrucción de las mismas.

La primera pieza, relativa al procedimiento específico, se centra en los hechos sobre la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico en todas sus variantes, con las importantes consecuencias que se deriven de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta de Andalucía en el seno del control financiero permanente del IFA/IDEA.

La segunda pieza, acerca de las sobrecomisiones se centra en los hechos relativos a la determinación de la prima de la póliza pagada por la Junta y porcentaje de comisión ilícita, bien de forma directa o bien indirecta, y luego a su reparto presuntamente ilícito.

Luego están las relativas a ayudas concretas. La tercera pieza es la relativa a las ayudas concedidas al entramado empresarial vinculado a Rosendo-Sayago ( 34 millones de euros) en el que muchas de sus empresas carecían de actividad y trabajadores, siendo su objeto real la percepción de ayudas de la Junta de Andalucía y el trasvase de sus fondos a otras sociedades interpuestas.

La cuarta pieza, Cenforpre, instruye los hechos relativos a la suscripción de pólizas de un trabajador, por mediación del que fuera su jefe en la empresa, por la que percibió 491.424 euros.

La quinta pieza verá las ayudas concedidas en un inicio por el director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero a través de la mediadora de seguros Vitalia a trabajadores de la empresa Surcolor S.A. y Surcolor Optica S.A. y otras dos personas que nunca han trabajado en esta empresa.

La sexta, se refiere a los hechos sobre la concesión de la ayuda laboral del ERE a la empresa Acyco, los que accedieron al pago, y los que la percibieron ilicitamente.

En todas las piezas serán enjuiciados todos aquellos que de forma activa y consciente participaron en la gestión y concesión de ayudas desde todos los ámbitos administrativos o privados, o se beneficiaron ilícitamente de las mismas.

La juez señala en el auto que la envergadura y complejidad de la causa que se pretende dividir hace imposible un diseño apriorístico de todas y cada una de las piezas, y explica que hay más de 150 ayudas directas a empresas o ayudas sociolaborales que están aún en fase de investigación policial.

En este sentido, como ya hiciera en julio, el auto indica que la división de la causa tiene como único objetivo la posibilidad de enjuiciamiento de los hechos que se han venido investigando desde 2010 en una instrucción que por su volumen y complejidad resulta imposible de enjuiciar en un solo acto. «La única posibilidad real y efectiva de ir concluyendo la instrucción es mediante la división de la misma».

Pero en este nuevo auto la juez valora los posibles efectos adversos de la división y considera que son evitables mediante el enjuiciamiento del delito continuado o, frente a la posible «exasperación punitiva» que del enjuiciamiento por separado de cada una de las ayudas directas o sociolaborales puede suponer para las partes, mediante la aplicación de instrumentos diferentes.

Atendiendo a la doctrina del Tribunal Supremo, para no vulnerar el principio de culpabilidad por el hecho y proporcionalidad, la juez apunta la posibilidad de moderar la pena en el segundo proceso -lo cual puede realizarse bien descontando de la pena impuesta en el segundo proceso la pena ya impuesta en el primero-, o bien a que la suma de las penas impuestas en las sentencias condenatorias no supere el marco penal abstracto correspondiente al hecho delictivo.

Sin perjuicio de continuar con la instrucción del resto de ayudas en la matriz o en su correspondiente pieza, en un futuro se desgajaran nuevas piezas para su enjuiciamiento cuyo diseño se realizará en atención al contenido de las sentencias que se dicten por la Audiencia Provincial de Sevilla y estado de la instrucción.

Contra el auto notificado hoy no cabe recurso