Inmigración
La Guardia Civil alerta de las graves consecuencias de la posible derogación de las «devoluciones en caliente»
Según la Asociación Pro Guardia Civil, la incertidumbre que hay en torno a la posible derogación de la ley que regula los «rechazos en frontera» ha incrementado la presión de las mafias de inmigración en las vallas de Ceuta y Melilla
La Guardia Civil alerta de que la posible derogación del «rechazo en frontera» o «devoluciones en caliente» sea aprovechada por las mafias internacionales dedicadas al tráfico de personas.
Desde el pasado viernes, las costas andaluzas han registrado un balance escalofriante: 1.398 inmigrantes interceptados en el marde Alborán y en El estrecho (entre ellos más de 300 menores), cinco cadáveres rescatado de las aguas y 43 desaparecidos.
El pasado domingo también llegaba a las Islas Chafarinas una patera con 13 inmigrantes , la segunda embarcación que llega a esta zona en este mes de junio.
La preocupación es más que evidente entre los agentes desplegados en Ceuta y Melilla (unos 600 agentes respectivamente en cada una de las ciudades), a pocos días de que comience el verano, temporada en la que los flujos de inmigración se acentúan de forma considerable.
Y es que la vía de entrada terrestre a través de las vallas de Ceuta y Melilla se había relajado debido a la aplicación de estas «devoluciones», si bien, la Guardia Civil teme que se vuelva a activar y genere un nuevo efecto llamada. De hecho, la presión en la valla de Ceuta ha aumentado en los últimos días.
«Lo que nos preocupa es que es que se inicie una campaña mediática y que en vez de legislar lo que se haga sea lanzar cantos de sirenas que pueden provocar efectos llamadas que nos dejan a los guardias civiles a los pies de los caballos», explicó Guillermo Prada, delegado de APROGC en Melilla.
APROGC entiende que la derogación «sin más» del «rechazo en frontera» , actualmente contemplado en la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, supondría un grave retroceso. Y es que, tal y como alertan, la aparente facilidad para entrar ilegalmente a Europa desde Ceuta y Melilla mantiene a ambas ciudades autónomas en el punto de mira de las organizaciones que se dedican al tráfico de personas manteniéndose un permanente efecto llamada que ahora, puede agudizarse. La APROGC advierte que esta situación repercute sobre los agentes que se ven sometidos a un alto nivel de estrés . Desde la asociación, consideran que «la presión que soportamos los guardias civiles en Ceuta y Melilla sólo por el mero hecho de cumplir con nuestras obligaciones podría ser considerada como violencia permanente ejercida contra nosotros y la consideramos absolutamente intolerable», denunció Guillermo Prada, delegado de la APROGC en Melilla.
La pasada semana responsables de la asociación mantuvieron un encuentro con la ejecutiva del PSOE de Melilla, presidida por su Secretaria General Gloria Rojas, en la que manifestaron su preocupación por la incertidumbre ante la posible derogación del Rechazo en Frontera. «Esta derogación volvería a poner en tela de juicio la legalidad de las actuaciones de los agentes que luchamos contra la inmigración ilegal y nos convertiría de nuevo en el blanco de todo tipo de denuncias», alertó Prada.
Es por ello que APROGC ha puesto sobre la mesa la necesidad de llegar a un pacto de estado en inmigración con el resto de fuerzas políticas que tengan como punto de partida el Acuerdo de Readmisión de 1992 firmado entre España y Marruecos , un acuerdo que, según detalló la asociación, no sólo permite la readmisión de extranjeros de terceros países entrados ilegalmente sino que regula la circulación de personas y vehículos entre ambos países. Pero la APROGC da un paso más al plantear la creación de la figura de la «readmisión por procedimiento acelerado» , a través de la cual los ciudadanos extranjeros interceptados intentando entrar ilegalmente a España sean entregados a la Policía Nacional en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla donde puedan recibir asistencia letrada, asistencia médica y se estudien posibles casos de asilo. De esta forma entienden que se blindaría legalmente la actuación de los agentes.
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