Las fundaciones de la Junta contra el paro: 64 millones al año en «enchufes»

La oposición ha cortocircuitado en el Parlamento andaluz un plan del Gobierno de Susana Díaz para atribuir tareas administrativas de cuestionable legalidad a 1.118 trabajadores sin funciones que proceden de la extinta fundación pública Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Con su liquidación en 2011, la plantilla -formada en sus inicios por 1.551 empleados, emparentados muchos de ellos con cargos del PSOE- fue absorbida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Desde entonces, su encaje en esta agencia adscrita a la Consejería de Empleo ha sido un foco permanente de conflicto. La operación quedó abortada cuando PP, Podemos, IU y Ciudadanos se negaron a blindar a este colectivo aprovechando la aprobación de un decreto para facilitar que los ayuntamientos se acogieran a planes de empleo autonómicos eliminando trabas.

En paralelo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley Andaluza del Emprendimiento que, como publicó ABC, llevaba otra sorpresa incorporada: la transformación en agencia de su fundación Andalucía Emprende y la transformación automática en empleados públicos de 981 empleados y directivos, que a efectos laborales se rigen por el Derecho privado aunque se sostienen con dinero de la Junta.

ABC ofrece una guía para no perderse en este laberinto de fundaciones y agencias empotradas en la estructura de la Junta que se nutren de fondos públicos contra el desempleo en la Comunidad con la mayor tasa de paro estructural de España (29,83%).

¿Cuánto cuesta sostener esta macroestructura?

Los andaluces pagan cada año una factura de 63,94 millones de euros, que salen de los presupuestos autonómicos, para costear las nóminas de los casi 2.099 procedentes de dos fundaciones orientadas a combatir el paro.

¿A qué se dedican y cuánto cuestan los 981 empleados de Andalucía Emprende?

Creada en 1999, Andalucía Emprende tiene como objetivo general «fomentar la cultura, la actitud y la actividad emprendedora y empresarial, y contribuir a la creación de más y mejores empresas». Un total de 32,14 millones de euros, que equivalen al 78,2 por ciento del presupuesto que maneja (41,06 millones), se destinaron en 2015 a pagar las nóminas de trabajadores que prestan asesoramiento sobre la apertura de empresas. Las retribuciones superaban la asignación anual de la Junta el pasado año: 31,2 millones.

¿Cuál es el cometido de los exempleados de la Faffe?

Una vez integrados al amparo de la polémica ley de reordenación del sector público, el Servicio Andaluz de Empleo les encomendó el asesoramiento de los desempleados para sellar la cartilla del paro, operación que se hace mediante medios telemáticos, y la orientación sobre la oferta de cursos. La paradoja es que desde 2011 la Junta no ofrece actividades formativas. Los sueldos y costes de Seguridad Social de estos trabajadores sin funciones costaron 31,79 millones de euros en 2015, el 38% de los gastos de personal que tiene la agencia que gestiona los servicios a los desempleados. En 2010, un año antes de que se liquidara la fundación, el 60,5% de su presupuesto se empleaba en pagar retribuciones.

¿Por qué la Junta quiere darles tareas administrativas?

El decreto tumbado por el Parlamento andaluz perseguía precisamente darles autorización para manejar la base de datos con los perfiles de todos los demandantes de empleo y las ofertas de trabajo, el programa informático Hermes, al que se accede con claves personalizadas. La Dirección del SAE también ha hecho una convocatoria interna para encargarles la elaboración de estudios sobre el paro.

Pese a su cuestionable utilidad, los 1.500 empleados procedentes de la Faffe sobrevivieron a varias oleadas de despidos que la Junta realizó entre 2012 y 2013 y que dejaron en la calle a 1.239 trabajadores que luego tuvo que readmitir por sentencia judicial.

¿Cómo accedieron a los contratos?

A los trabajadores de ambas fundaciones les bastaba con hacer una entrevista o presentar su currículum para acceder a un contrato indefinido y formar parte de la denominada Administración paralela de la Junta. El último convenio colectivo de la Red Andalucía Emprende, que data de 2008, resulta clarificador. Se crea un comité de selección paritario compuesto por representantes de la propia fundación que publica la oferta en la plataforma tecnológica interna. Ello imposibilitaba que personas ajenas a la fundación puedan no ya aspirar al puesto sino enterarse de la convocatoria. Tras cribar los currículos, según el convenio, se cita a tres candidatos para una entrevista y se escoge a uno de ellos de inmediato. En una auditoría, la Cámara de Cuentas reveló que durante nueve años el ente estuvo contratando al personal sin norma de selección. En su plantilla conviven 600 técnicos con condiciones y sueldos muy desiguales, dependiendo de su procedencia.

¿Hay enchufismo en ambas fundaciones?

El método de selección abonó el terreno para que arraigara el enchufismo y la arbitrariedad. En la plantilla recalaron cargos locales en su mayoría del PSOE, así como sus esposas, cuñados, concuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos e incluso amigos. Andalucía Emprende contrató a un presidente del partido de Gádor (Almería), un secretario general del PSOE en Vélez Rubio, una exconcejala socialista de Purchena, dos ediles de Luque y Adamuz o el hermano de un exconcejal de Sevilla... La lista es muy extensa. La Faffe, por citar un ejemplo, fichó a cuatro dirigentes de la agrupación local socialista de Alcosa en Sevilla, entre ellos, el exdiputado socialista Ramón Díaz, investigado por el caso ERE, así como su hijo.

¿Qué relación tiene la Faffe con los ERE y la formación?

Trabajadores de esta fundación fueron adscritos a la Dirección General de Trabajo de la Junta, la que concedía las ayudas de los ERE. Se encargaron de tramitar muchos de los expedientes de ayudas fraudulentas que beneficiaron a empresas de la órbita del PSOE. La Consejería de Empleo les encomendó la revisión de expedientes de ayudas de cursos de formación, otro foco de irregularidades. La Faffe es una de las fundaciones investigadas por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Recibió 49,5 millones entre 2009 y 2010 para cursos sin justificar.