Una empresa usó los cursos de la Junta «para ganar dinero sin dar un palo al agua»

Una puntilla para pelar patatas. Fue el exiguo material «didáctico» que la empresa de hostelería Brasería Las Carabelas SL, ubicada en Huelva, entregó a los jóvenes en paro que se apuntaron en 2011 a un curso de ayudante de cocina subvencionado con 35.246 euros por la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Así lo revela la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en un atestado de 28 páginas sobre la citada sociedad que obra en poder del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva. El juez investiga el fraude de la formación en el marco de la «Operación Edu», que se saldó con 53 detenidos sólo en esta provincia en junio de 2015.

La puntilla fue un preludio de lo que iba a dar de sí esta actividad formativa para los 20 alumnos que, con la expectativa de lograr un contrato que los sacara del pozo del paro, realizaron el citado curso de 240 horas y otro de igual duración para instruirse como ayudantes de camarero. El dinero de la Junta de Andalucía, que anticipó a la sociedad el 75% de la ayuda, sólo sirvió para sostener un negocio ahogado por las deudas y cubrir sus necesidades de plantilla «a coste cero».

«El dueño [en alusión a Manuel Bardallo, representante legal de la empresa] descubrió aquí una vía para ganar dinero sin pegar un palo al agua; era dinero que le caía del cielo», declara a ABC el jefe de cocina de la brasería y marisquería, M.M.G., quien tuvo que compaginar los fogones con el monitoraje del curso de cocina y, puntualmente, el de camarero, sin que le pagaran un céntimo por este trabajo extra. Llevó al juzgado a la sociedad, pero al final tuvo que cobrar las nóminas atrasadas a través del Fondo de Garantía Social. En la entidad figura como socia única Manuela Martín Mariano, mientras que Bardallo, apodado «El Calvo», pidió la subvención como representante legal, según los agentes.

El monitor, cuyo testimonio fue decisivo en las pesquisas de la Policía, corrobora a este periódico que la formación no era la adecuada. No lo eran ni las instalaciones ni el material, puesto que «sólo se les entregó a los alumnos una puntilla para pelar patatas como material» cuando el curso ya había comenzado. Al principio, ni siquiera eso. Los medios eran muy pobres. Sólo el tutor tenía un manual y se veía obligado a dictárselo a los alumnos. «El dueño me decía que a los del curso los pusiera a preparar las tapas y a pelar patatas, es decir, a hacer los trabajos del restaurante», relata M.M.G.

Pedidos a costa del curso

El verdadero plato fuerte del curso de ayudante de cocina se servía en la carta. Literalmente. «Todos los productos» con que practicaban los alumnos estaban destinados al menú del día que ofrecía el restaurante a sus clientes. «Si ese día servían carrilleras, eso es lo que compraban», afirma el también jefe de cocina, que recuerda que Bardallo pedía a sus proveedores de alimentos que emitieran las facturas de los pedidos a cuenta del curso.

Pero no termina ahí el bodegón de irregularidades. La brasería no realizó las contrataciones de al menos el 60% de los alumnos a las que estaba obligada al cobrar la ayuda. Además, el monitor descubrió tiempo después que habían falsificado su firma en una docena de documentos correspondientes a los módulos impartidos.

Es más, la Policía constató que había un docente fantasma, que figuraba como tal en el expediente de la empresa con una rúbrica que tampoco era suya y sin haber dado clase alguna, y también una alumna de relleno, hermana de Bardallo y empleada del restaurante, que firmó los partes sin haber asistido al curso.

«Simularon» el curso

Después de tomar declaración a docentes y alumnos y de estudiar a fondo el expediente, la Policía concluyó que la brasería no entregó documentación justificativa a la Junta y pidió la imputación de los dueños como presuntos autores de delitos de fraude en la obtención de subvenciones, falsedad documental y estafa. El juez ha archivado provisionalmente la causa contra ellos porque la cuantía recibida no supera el tope mínimo de 120.000 euros que marca el listón del fraude.

Los agentes creen que todo fue un engaño: «La entidad beneficiaria habría simulado la realización de dichos cursos con la única intención de tener mano de obra gratuita para las labores propias de su negocio privado, toda vez que llevaban a cabo las elaboraciones del restaurante con productos destinados al curso, los cuales ponía posteriormente a la venta, sin que esto reportara coste alguno a la empresa».

La UDEF también censura «la dejadez y permisividad de la Administración», que dio la subvención a sabiendas de que la entidad arrastraba deudas con la Seguridad Social, por importe de 33.574 euros, y con la Hacienda autonómica, que le permitió aplazar el pago de 8.801 euros. La Junta ha pedido que devuelva el dinero.