Otro caso sospechoso de compra de votos

El alcalde de Vegas del Genil: «También prometí dos teles de plasma y aire acondicionado»

Leandro Martín López asegura que prometer empleos u objetos si se ganan las elecciones no es diferente a cuando los políticos aseguran que asfaltarán calles

Leandro Martín, alcalde de Vegas del Genil (Granada) ABC

M. Moguer

El socialista Leandro Martín, alcalde socialista de Vegas del Genil (Granada) , no entiende el revuelo por haber firmado a un vecino un precontrato de 1,500 euros al mes si salía elegido en las elecciones municipales. Para él, asegura, nunca hubo una compra de votos en el ofrecimiento de ese contrato. Martín recuerda cómo nació este supuesto caso de corrupción:«Estábamos redactando el programa de esas elecciones y nos reuníamos con quienes sumaban más votos. Este hombre —se refiere a E. L., el vecino al que firmó el precontrato en el que le prometía un empleo en el Ayuntamiento— lideraba una plataforma antidesahucios. Fue él quien nos dio la fórmula, nos indicó que creásemos la oficina de atención al consumidor y le contratáramos».

Según Martín, E. L. le presentó su proyecto de oficina de asesoría a todos los partidos. «Pero como el que gané fui yo, pues me llevé todas las hostias», se queja. Deja de lado que fue el único que firmó un documento en el que reconocía que si llegaba a alcalde, contrataría a E. L. en el Consistorio por 1.500 euros al mes .

El socialista asegura que el caso de este vecino no es único. Reconoce abiertamente que en aquélla campaña electoral hubo más compromisos condicionados al voto. « Prometí dos televisiones de plasma para una asociación del pueblo y poner aire acondicionado a otra . Pero eso no es comprar votos», se defiende. «Es como cuando le dices a un vecino que si ganas, le vas a asfaltar la calle que está en mal estado», razona este político.

«No hubo una intención de compra de voluntades», asegura tajante Martín. «Cuando le digo a la banda de música del municipio que si gano voy a mantener al director, ¿Eso es también compra de votos? No lo es», se responde.

Sobre por qué no llegó finalmente a abrir la oficina de consumo y a hacer el contrato a E. L., Martín explica que la decisión se debió a un informe técnico. «Me dijeron que no era viable, así que no lo hicimos. Yo me atengo a la legalidad», indica.

De momento a Martín y al resto de implicados les toca esperar a ver si la Audiencia Provincial de Granada reabre su caso, que él creía completamente cerrado. «Respetaré lo que diga la Justicia. Y si hay juicio, iré con la cabeza muy alta», explica.

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