El 60% de los encuestados por ABC de Sevilla, a favor de despedir funcionarios de la Junta de Andalucía

La medida, que se contempla en un informe de expertos para la reforma del acceso a la función pública, objeto de debate en la red

Sede de la Junta de Andalucía, Torre Triana ABC

M. M.

El 60% de los encuestados por ABC de Sevilla creen que la Junta de Andalucía debería tener la posibilidad de despedir a sus funcionarios . El otro 40% se muestran contrarios a la medida. Esta polémica está sobre la mesa tras hacerse público un informe de expertos sobre el cambio de las oposiciones en Andalucía.

Según desveló ABC la pasada semana , la Junta constituyó el pasado verano una mesa de trabajo a través del Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP), organismo dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, para la reforma del acceso a la función pública. En este contexto, llamó a varios expertos sobre la función pública para que dieran su consejo sobre cómo la administración andaluza podía reformar las oposiciones.

Entre las medidas que los expertos recomendaron ( privatizar parte del proceso de oposiciones o medir la productividad ), el texto que condensó las propuestas estaba la idea de que la administración no debería permitir el trabajo de por vida . «El sistema no debería permitir el empleo de por vida; debería garantizar un mínimo de desempeño exigible y avanzar hacia el desempeño óptimo», era la frase literal del informe.

Fuentes sindicales aseguran que, en realidad, el despido de funcionarios ya existe , aunque no se llame así. Los funcionarios no firman un contrato, sino que su incorporación a su puesto se produce por un nombramiento. De modo que su despido no es una rescisión de contrato, como proponen los expertos, sino que ahora se da por le pérdida de condición de funcionario . ¿Y cómo se produce esto? Pues, según varias centrales sindicales consultadas por ABC de Sevilla, esto se puede dar cuando el funcionario comete una falta muy grave, lo que lleva aparejado un expediente y la ya referida pérdida de condición de funcionario .

Los mismos sindicatos reconocen que, aunque la normativa de la función pública reconoce esta posibilidad, no es muy frecuente. Y añaden que, cuando se da, el funcionario que pierde su puesto no tiene derecho a paro, puesto que no estaba cotizando .

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