CORRUPCIÓN
Mijas embargó viviendas de forma irregular incluso a muertos
Un informe de la Guardia Civil sitúa a dos funcionarios en el eje de la trama mafiosa en el Ayuntamiento que se hacía con las propiedades y las adjudicaba por debajo de su precio
La Guardia Civil ha ampliado su investigación sobre las «subastas exprés» del Ayuntamiento de Mijas entre 2004 y 2013, un escándalo adelantado por ABC en 2015. El Grupo de Delitos contra el Patrimonio del Equipo de Delincuencia Económica y Urbanística de Málaga entregó a finales de junio en el Juzgado de Instrucción 1 de Fuengirola nuevas pruebas sobre un delito de prevaricación administrativa en el procedimiento de embargo y adjudicación de inmuebles con deudas con el Consistorio. Incluso con sus propietarios fallecidos.
En el documento, que ha sido notificado esta semana, la Benemérita sitúa en el centro de toda la trama a dos funcionarios municipales, responsables de la Asesoría Jurídica. En la actuación de estos trabajadores es donde los agentes ven indicios de prevaricación administrativa por los informes favorables emitidos.
La investigación apunta a que sin los informes de estos funcionarios la trama no habría podido funcionar. Las irregularidades, según la Guardia Civil, se cometieron en la tramitación de los procedimientos de apremio. «Curiosamente siempre acaban con la enajenación del bien embargado por la vía de adjudicación directa y, llegados a este punto, los trámites administrativos se hacían con la máxima celeridad», explica el documento.
Como adelantó ABC, el Ayuntamiento detectaba una deuda con el municipio por IBI o impuesto de vehículos y solicitaba el pago. De no producirse, embargaba la propiedad por la cuantía adeudada , que llegó a ser de 1.800 euros.
Adjudicación exprés
Luego se declaraban desiertas las dos rondas de subasta y se pasaba a una adjudicación directa de una forma exprés, donde propiedades valoradas en 84.000 euros eran compradas por 17.000 euros. En la mayoría de los casos, la notificación de la deuda se efectuaba para justificar el trámite . «No con la finalidad de conseguir que los perjudicados pudieran haber ejercido su derecho a la defensa», explica el documento, donde se expone el caso del trastero de Teresa de la Serna, a la que se le efectuaban las notificaciones del procedimiento aun estando fallecida y teniéndose constancia de la defunción.
No es el único caso, la Guardia Civil explica la facilidad con la que los investigadores han identificado y localizado en el registro de la propiedad a deudores que el Ayuntamiento dijo que era imposible saber su paradero. Es el caso, por ejemplo, del matrimonio Lindbland. Unos suecos que perdieron una finca valorada en más de 89.000 euros. El fraude iría hasta el punto de que los agentes sospechan hasta de las deudas que daban pie a todo. «Fluctuaban de forma inexplicable» , reconocen en el informe al que ha tenido acceso ABC. La Guardia Civil no encuentra las razones para que la cuantía disminuyera y aumentara «sin ningún tipo de justificación».
Para pagar esa deuda se embarga y se acababa adjudicando de forma directa al mejor postor o, habitualmente, al único pretendiente. En el mejor de los casos llegaron a pagar 86.000 euros por una finca de 2,1 millones . Esta finca se transfirió en tan solo un día y saltándose todos los trámites. Según el documento, la Mesa de Subastas adjudicaba en cuanto había una cuantía que cubriera la deuda, sin esperar los seis meses de publicidad que marca la ley. El proceso culminaba con «una desproporción manifiesta» entre el valor de la propiedad y lo que se pagaba por ella.
Avalado por los funcionarios
«La Mesa de Subastas eran perfectamente conocedores del prejuicio económico causado al deudor y del enriquecimiento desmedido del adjudicatario», señala el documento. Todo era a valado por los informes de los dos funcionarios señalados en el eje de la trama «obviando las irregularidades». En este punto, la Benemérita destaca que los informes de dos adjudicaciones fueron pedidos por el entonces alcalde, el popular Ángel Nozal, por decreto. Sin embargo, en ninguno de los casos le atribuyen la comisión de delitos, aunque remarcan que no se explica las razones por las que hizo la solicitud.
La Guardia Civil destaca que el Ayuntamiento recurre a la sociedad Centro de Servicios Alcántara , dedicada a la administración de fincas en la que están Nozal y su pareja, la señora Van Gaalen, como miembros de los órganos sociales. Lo hacen tanto para identificar a deudores, como para hablar de una de las subastas por correo electrónico.
Por último, se pide abrir una nueva pata de investigación sobre el dinero recaudado y se solicita acceso a una cuenta corriente municipal llamada «Sobrante de subastas» , donde se habría depositado todo ese remanente sobrante tras pagar las cargas por las que se embargó la propiedad. Lo hace para dilucidar dónde acabó el dinero de las subastas y «por si hubiera que depurar nuevas responsabilidades».
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