El Gobierno pide la extradición del concejal de Marbella fugado de Malaya

El Consejo de Ministros acordó el viernes pedir la extradición de Carlos Fernández, concejal de Marbella fugado tras comenzar la operación Malaya en 2006. El Gobierno español ha remitido seis expedientes de extradición del prófugo por la presunta comisión de diferentes delitos durante su actividad en el Ayuntamiento de Marbella. Cuando el Juzgado lo llamó a declarar, Fernández alegó que se encontraba en el Camino de Santiago . Luego desapareció. Se marchó a Argentina donde fue arrestado para forzar la extradición y solicitar la prescripción de sus delitos el pasado 15 de septiembre. Pero las cuentas han fallado y el Ministerio de Justicia le requiere para ser procesado.

Se encuentra detenido en Argentina a la espera de una resolución judicial. Mientras tanto, España le reclama. La primera solicitud es por caso «Saqueo 2». La Audiencia Nacional le llama por comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Los hechos se refieren a su actividad como concejal durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (G.I.L.) en las legislaturas de 1991, 1995 y 1999.

Las restantes cinco ampliaciones de la solicitud corresponden a tres juzgados de instrucción de la localidad de Marbella. El Número 5 –tribunal de Malaya– presentó dos solicitudes por delitos contra la ordenación del territorio y cohecho. La primera por votar a favor en 2003 de la concesión de licencias urbanísticas con plena conciencia de que eran ilegales . En cuanto a la acusación de cohecho, es porque habría recibido importantes sobornos de Juan Antonio Roca para obtener resoluciones favorables a sus negocios urbanísticos durante 2004 y 2005.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella ha presentado otras dos solicitudes por delitos sobre la ordenación del territorio. La primera por aprobar el 14 de abril de 2004 el proyecto para edificar nueve bloques de viviendas plurifamiliares excediendo la edificabilidad permitida . La segunda por la aprobación el 5 de febrero de 2004 de otro proyecto similar de 42 viviendas. La última de las ampliaciones es del Juzgado de Instrucción 3 por supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial. El 1 de abril de 2004 como miembro de la Junta de Gobierno Local aprobó un proyecto de instalación eléctrica e iluminación del Puerto Deportivo. Las obras habían sido ejecutadas con cargo a las arcas municipales, creando una apariencia administrativa para supuestamente apoderarse de capitales públicos .