El PP denuncia el «frenazo injustificado» de la Junta a 50.000 viviendas en la costa andaluza

La decisión de la Junta de Andalucía de retrasar seis meses la aprobación del decreto que modifica el Plan de Protección del Corredor Litoral afectará a unas 50.000 viviendas proyectadas en municipios costeros andaluces, todos aquellos que no tienen adaptado su planeamiento urbanístico al POTA. La mayoría de estas viviendas, 30.000, están proyectadas en once municipios de la provincia de Málaga. El PP calcula que la situación de parálisis ha dejado en el aire la creación de unos 40.000 empleos en los últimos dos años en esta provincia.La secretaria general del PP malagueño, Margarita del Cid, considera que el aplazamiento supone «un frenazo injustificado» al crecimiento de estas ciudades, un «atentado a su desarrollo» turístico, sobre el que gira la economía de estos núcelos costeros.

Del Cid afirma que aplazar ahora seis meses la aprobación del decreto «alarga la parálisis» constructora y contribuye a aumentar la «insegurida jurídica» de todos los ayuntamientos afectados, a los alcaldes y a los inversores.«Seguimos caminando hacia atrás», asegura la dirigente de los populares, tras reunirse con concejales de urbanismo de los municipios afectados y el coordinador de política municipal del PP andaluz, José Ramón Carmona. Para Del Cid, «lo peor de todo» son las razones esgrimidas por el Gobierno andaluz para justificar la demora de un plan que debía quedar aprobado esta misma semana y que se han centrado en la falta de tiempo para contestar a las alegaciones. «Han tenido dos años para hacerlo», argumenta la dirigente de los populares malagueños. La secretaria general provincial se ha remontado a 2012, año en el que la Junta de Andalucía aprobó el decreto que supuestamente incluía medidas urgentes en materia urbanística para la protección del litoral, en un área de 500 metros desde la línea martítima, «pero que en la práctica lo que suponía era un grave impedimento al desarrollo y crecimiento de los municipios afectados por estas medidas». En Málaga el decreto afecta a once municipios de la costa, todos menos la capital, Fuengirola y Marbella, la mayoría de ellos gobernados por el PP.

La norma suspendió de forma cautelar la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados, que en la práctica supone la prohibición de construir en estos espacios. Se estableció entonces un plazo de dos años para la presentación de alegaciones, plazo que concluía esta semana. «Es incomprensible que el Gobierno de Susana Díaz no haya afrontado este asunto con la máxima celeridad que se merece». asegura la dirigente popular.