El líder del SAT en Jaén condenado a tres años y medio de prisión

La fulgurante carrera política del activista agrario Andrés Bódalo ha quedado abruptamente cortada por los juzgados. El responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores(SAT), un hombre muy significado en la actividad del SAT en toda Andalucía, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Jaén a tres años y medio de prisión por un delito de atentado con la agravante de reincidencia. El juzgado a considerado probado que, en 2012, durante una manifestación en Jódar en la que el SAT pedía la eliminación del número de peonadas para cobrar el PER, Bódalo y otro grupo de jornaleros agredieron al exteniente de alcalde y concejal del PSOE en Jódar, Juan Ibarra.

Bódalo, que es concejal en el ayuntamiento de la capital por Jaén en Común y que se había postulado para liderar las lista de Podemos para las elecciones generales del 20 de diciembre ha sido, también, inhabilitado para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y nueve meses de multa a razón de seis euros al día.

Junto a ello, se le considera autor de una falta de lesiones por la que se le condena a un mes de multa con una cuota diaria de seis euros.

Junto a Bódalo fueron encausadas otras 17 personas. Sólo han sido condenadas cuatro tras el juicio que se celebró el 21 de octubre. A tres de ellos (Francisco Javier Angulo, Blasa López y Catalina Parras) se les condena a un año de prisión, mientras que a Andrés Bódalo, miembro de la Permanente Nacional del SAT, le sentencia a tres años y seis meses de prisión, al apreciarle un agravante de reincidencia. Los cuatro condenados, además, deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Juan Ibarra con 200 euros en concepto de responsabilidad civil. Por otro se absuelve al resto de los acusados del delito de atentado al concejal y de las faltas de lesiones así como a todos del delito desórdenes públicos y de la falta de amenazas de los que también estaban acusados.

El SAT no ha tardado en reaccionar y ya anunciado la presentación de un recurso de casación al «evidenciarse elementos de persecución política en la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Jaén». El sindicato entiende que no se han tenido en cuenta las contradicciones que se manifestaron en el juicio entre diferentes cuerpos de seguridad. «Mientras que miembros de la Guardia Civil en sus declaraciones dieron la razón a los sindicalistas, un concejal y miembros de la Policía Local argumentaban a favor de las tesis de la Fiscalía y de la acusación particular, en este caso el Ayuntamiento de Jódar. La sentencia se basa exclusivamente en testimonios policiales que son contradictorios con los testimonios de los guardias y no toma en cuenta la única prueba objetiva, los propios videos grabados por la Guardia Civil».

Según relatan desde el SAT jamás hubo agresión ni violencia y esgrimen que «el ayuntamiento de Jódar, en manos del PSOE, multó una y otra vez al SAT por usar megafonía a la hora de anunciar asambleas y actos en el pueblo. Ese día, estando citados los sindicalistas para declarar ante el supuesto incumplimiento de la ordenanza de uso de la megafonía, se produjo un momento de tensión que en ningún caso degeneró en violencia física, tal y como declaran los miembros de la Guardia Civil que se hallaban a tres metros de los hechos y que aportan varios videos que prueban la actitud, en todo momento pacífica, de los sindicalistas».

Por último el SAT entiende la condena «como un nuevo y gravísimo paso hacia la criminalización de las luchas sociales y sindicales, como un nuevo intento de perseguir a los que cuestionan las políticas del Gobierno que están condenando a muchas personas al paro forzoso y a perder sus viviendas».