El TSJA reclama más medios personales contra la corrupción

La Consejería de Justicia ha de dotar de un «mayor número de funcionarios a los órganos jurisdiccionales necesitados de medidas temporales de refuerzo» para las causas complejas como son las relacionadas de corrupción política. Así se desprende de la memoria correspondiente a 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Su presidente, Lorenzo del Río, fue claro: el poder judicial ha sido «serio y responsable» en un año complicado en esta materia pero necesita de más «implicación» del legislativo con reformas pendientes como la del proceso penal y, especialmente, el ejecutivo para «mejorar la imagen y la realidad del sistema judicial andaluz».

Los medios personales son imprescindibles según reiteró en varias ocasiones Del Río para incidir en que este año debe activarse un «plan de choque» con jueces y funcionarios de refuerzo.

En concreto, se necesita ampliar la plantilla de los servicios de apoyo de extensión territorial variable en cada provincia, así como una nueva regulación para que puedan desempeñar su cometido en todos los centros de su ámbito provincial.

Se consideran situaciones muy complicadas cuya solución es urgente las de Estepona, asaeteada por diversos casos de corrupción urbanística, Lora del Río, Sanlúcar la Mayor, Utrera, Chiclana, Roquetas de Mar o Vera. Son «innumerables», según recoge el resumen de la memoria, las quejas por déficil de personal en estos juzgados.

Preocupa sobremanera las causas complejas, cuya investigación se prolonga hasta los 18 meses prorrogables según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues hay «necesidad de acortar plazos en la instrucción penal» sobre todo «en aquellos supuestos que afectan a la vida pública, en los que se investigan supuestos actos de corrupción, y en los que aparecen implicados representantes o cargos públicos».

Este objetivo «no se puede alcanzar mediante la simple fijación de plazos o límites temporales a la instrucción» sino que debe ir acompañado de «más medios humanos y materiales» además de digitalización y reordenación de recursos procesales, entre otras medidas.

Para el TSJA, «sonroja» los «siete u ocho años» de investigación en casos como el Astapa o el del Ayuntamiento de San Fernando los cuales demuestran la «cruda realidad» de que «una justicia débil» en Andalucía donde hay unos treinta procedimientos contra la corrupción entre los que se encuadran el Serrallo de Granada, o los del fraude de la formación y los ERE.

El presidente del Alto Tribunal andaluz, que incidió ayer en que los juzgados de la comunidad han recibido un 4 por ciento menos de asuntos en 2015, volvió a insistir en el plan específico de refuerzo de la jurisdicción social de Sevilla con al menos 4 jueces y más funcionarios.

Ante la llegada a partir de septiembre aproximadamente de los recursos de apelación a sentencias de las audiencias provinciales, que se han generalizado por ley desde diciembre, se prevé un desplazamiento de las salas de lo Penal del TSJA a Sevilla y Málaga para atender esta segunda instancia. Habrá también una sección funcional dentro de la actual sala de lo Civil y lo Penal en Granada. Ello tendría que ir acompañado de un aumento en la plantilla de magistrados.

«Los jueces estamos haciendo un trabajo serio y responsable en una época de convulsión social e institucional», defendió Lorenzo del Río para hacer hincapié en que «solos no podemos dar a la justicia la fortaleza y la agilidad necesarias».

Operación Nazarí

Ocho días después de la operación Nazarí, Del Río se pronunció ayer sobre la polémica que envolvió la redada contra una supuesta trama de corrupción urbanística en Granada.

Se hizo «ajustada a legalidad», dijo el presidente del TSJA quien consideró como «nada habitual» el comunicado de la Fiscalía del Estado en el que se alertó de que se podían haber vulnerado los derechos fundamentales del ex alcalde, José Torres Hurtado, durante el registro de su vivienda y su despacho municipal.