La operación masiva contra el fraude en el subsidio agrario se amplía a 15 provincias

La operación contra el fraude para obtener el subsidio agrario afecta ya a 15 provincias españolas. Aunque las cifras provisionales bailen, la Policía Nacional prevé haber realizado 400 detenciones para este viernes. Sólo en Granada, de donde parte la investigación, ya se han producido un centenar de arrestos, a los que habría que sumar otros tantos en Murcia, Jaén, Almería, Málaga, Sevilla, Ciudad Real, Badajoz o Murcia.

Según ha informado la Policía, las actuaciones están dirigidas a desmontar una supuesta organización dedicada a elaborar falsos contratos de trabajo, nóminas, empadronamientos e informes municipales para dar apariencia de legalidad a la obtención de ayudas agrarias.

La documentación fabricada permitió que personas extranjeras regularizaran su situación en España mediante la obtención de permisos de residencia, además del cobro del citado subsidio agrario, aunque realmente nunca llegaran a realizar los trabajos por los que fueron contratados.

Es por eso que las actuaciones están siendo coordinadas por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales.

La Policía Nacional sostiene que se trata de un auténtico entramado jerarquizado. En la cúspide del mismo se situaría un empresario de Granada que utilizaba sus propias cuentas de cotización en el Sistema Especial Agrario y en el Régimen General para dar de alta a los jornaleros ficticios. El beneficio que habría obtenido esta persona rondaría el medio millón de euros.

Tanto este investigado como sus colaboradores más cercanos ya han sido detenidos, así como las personas cuya labor era imprescindible para que la red pudiera operar; por ejemplo, aquellas que ofrecían su residencia para hacerla pasar por el hogar de los extranjeros.  También han sido arrestados los beneficiarios del entramado, que debían abonar entre 1.000 y 5.000 euros –en función de la documentación requerida– para conseguir obtener la nacionalidad y las ayudas, que en total ascienden a 800.000 euros.

En total, cada beneficiario habría recibido un subsidio anual de 2.556 euros. El fraude reside en la compra de jornales ficticios con el fin de alcanzar las 35 peonadas requeridas para poder cobrar luego durante seis meses el subsidio anual de 2.556 euros que cada beneficiario habría recibido, esto es, poco más de 400 euros al mes durante medio año.