El ex alcalde de Santa Fe, en el banquillo de los acusados

Sigue el desfile de ex alcaldes socialistas del Área Metropolitana de Granada. Hoy le ha tocado el turno al de uno de sus municipios más destacados, Santa Fe, cuyo antiguo regidor, Sergio Bueno, se ha desvinculado de la adjudicación del servicio de grúa para coches abandonados que le tocó comandar como presidente del Consorcio Vega-Sierra Elvira, que agrupaba entonces a 24 municipios del cinturón granadino.

A Sergio Bueno le pide la Fiscalía 2 años de cárcel y 8 de inhabilitación como cargo público por supuestos delitos de prevaricación y fraude contra la administración pública que se enjuician en la Audiencia Provincial de Granada.

El fiscal dice que participó en un «plan» para «enriquecerse ilícitamente» a costa de «fondos públicos» pero el ex alcalde socialista de Santa Fe se ha desvinculado de estos hechos que tuvieron un primer proceso de adjudicación que él sancionó dentro de su «competencia» como presidente del consorcio, y una segunda parte de la que ya se desvinculó porque, tras el fallecimiento de su padre, no se «encontraba en las mejores condiciones».

Así mismo, habían llegado dos burofax remitidos por parte del denunciante, el propietario de la empresa Grúas Taboada,  y Sergio Bueno entendió que era mejor tratar de «no contaminar» un proceso negociado sin publicidad en el que la empresa que había resultado ganadora en primera instancia se llamaba Bueno Mar S.L. aunque el acusado ha negado específicamente ante el tribunal que tuviera vínculos familiares con sus promotores.

Sergio Bueno ha explicado que entre los ayuntamientos había preocupación por la cantidad de coches abandonados que había en sus términos municipales, pero también ha reconocido que este servicio, que se sacó a concurso a 50.000 euros la anualidad, se prestaba de forma gratuita en Santa Fe por Grúas Taboada que, al enterarse del concurso abierto por la prensa, y sin haber sido invitada al mismo, lo denunció.

En la misma línea se ha expresado el otro acusado que ejerció como secretario del consorcio y condujo la parte técnica del concurso en el que no tenía potestad, ha indicado, para invitar o no a empresas.

En la segunda fase del proceso, que se paralizó según los acusados por una cuestión técnica relacionada con las cuantías a pagar anualmente, ya fue invitada Grúas Taboada cuyo propietario, Alberto Taboada, ha sido el primer testigo en declarar ante la Audiencia Provincial.

Taboada ha recalcado que él prestaba a «coste cero» el servicio, aunque aún reclama unos 200.000 euros al Ayuntamiento de Santa Fe por costes derivados del mismo. «Haciéndolo gratuito me sale rentable» pues «me lo paga el desguace», ha reconocido el testigo incidiendo en que la complejidad administrativa para los ayuntamientos en la que se ampararía el concurso se reducía a «poner un sello» y mandar una carta certificada para trasladar los coches una vez contaban con la autorización de la Policía Local.

En su opinión, el concurso «no tenía ni pies ni cabeza. Si lo hago yo gratuito, ¿por qué te gastas 50.000 euros?».