Urbanismo estudia si la «Torre del Agua» encaja en el PGOU

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba ha iniciado el proceso técnico de estudio para saber si la Torre del Agua, el edificio de catorce plantas que se pretende construir en el Cortijo del Cura, «encaja» en el Plan General de Ordenación Urbana vigente y en todos sus instrumentos de desarrollo. La cuestión clave es si un inmueble que se dedicará íntegramente a viviendas —todas ellas de gama alta— es compatible con el desarrollo vigente, que se efectuó mediante un cambio del plan parcial de la zona, desarrollado cuando el suelo estaba en poder de la promotora ÑXXI.

Aquella ordenación, aprobada en tiempos de IU, realizó una concentración de la misma edificabilidad en menos cuerpos constructivos, lo que inevitablemente llevaba a elevar las alturas por encima de la media del sector.

La cuestión, sin embargo, es que buena parte de la torre original, que tenía las mismas plantas, estaba reservada para la creación de un hotel y oficinas. Esa visión del proyecto ha quedado absolutamente descartada porque la empresa que desarrolla el proyecto entiende que en estos momentos hay mercado para este tipo de residencias.

El proyecto de la Torre del Agua en proceso se desarrolla sobre un cuerpo central, la torre, en la que se pretenden realizar 38 viviendas. Además, la promoción dispondrá de dos edificaciones a los lados en las que irán 82 pisos. La urbanización se completa con los atractivos que se suelen ofrecer en este tipo de iniciativas en los barrios de nuevo desarrollo (como piscinas o pistas de pádel) más un campo de minigolf.

Las fuentes consultadas explican que no hay intencionalidad política detrás del estudio al que se está sometiendo el proyecto. «O cabe o no cabe», explican. Los promotores en suelo de Córdoba nunca han tenido dudas de que no habrá problemas en los trámites previos de un edificio que resalta por la altura en una ciudad donde existe polémica cada vez que se aborda este asunto. Entienden que se podría ir a petición directa de licencia toda vez que el procedimiento urbanístico previo garantizó la legalidad para desarrollar el proyecto a desarrollar tal y como se ha presentado al público.