Los tribunales rechazan el intento de la Junta de Andalucía de parar las licencias a los VTC

Las licencias de Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC), que han generado el paro nacional del sector del taxi, han sido objeto de una serie de pronunciamientos judiciales en los que los togados han establecido que el veto que venía realizando la Junta de Andalucía sobre la materia no era legal . Se trata de una casuísitica sobre la que se pueden rastrear sentencias en la provincia de Córdoba y en otras jurisdicciones desde hace unos años producto de la determinación del Gobierno andaluz de no abrir la mano en este sector por las presiones ejercidas eficazmente por el sector del taxi convencional.

Las VTC son muy poco comunes en Córdoba pero cada vez más usuales en las grandes ciudades gracias al aliado de plataformas de comercialización, reserva y pago que funcionan desde el teléfono móvil . Tienen algunos condicionantes como que no pueden usar las paradas de taxi ni realizar ningún servicio que no haya sido previamente contratado. Al contrario del gremio, se trata de un segmento de la actividad profesional del transporte que funciona en régimen de precios no intervenido . El taxi se tiene que atener a unas tarifas únicas que formalmente aprueban los ayuntamientos inspirados en las decisiones que adoptan las organizaciones mayoritarias.

La Junta presume de haber paralizado un millar de peticiones de licencia pero no aclara que una parte relevante de estas decisiones las está perdiendo en los tribunales de justicia. El Gobierno andaluz, como otras instituciones públicas de similar naturaleza, entiende que es preciso aplicar siempre la proporción de una licencia de VTC por cada 30 taxis como máximo en todos los casos, lo que servía para denegar siempre las peticiones de particulares o empresas interesadas. Los jueces le dijeron a la Junta siempre lo mismo: que esa proporción no adquirió rango de desarrollo reglamentario hasta el año 2015. Esa es la razón por la que se intentaron vetar todos los permisos que, en puridad, tendrían que haberse concedido. Los tribunales han entendido que la aplicación generalizada de la norma se hizo incorrectamente. Cierto que la ley se aprobó en 2013 pero dado que el desarrollo normativo necesario tardó dos años en llevarse a cabo, no es posible aplicarle una determinación restrictiva que no existía cuando el administrado presentó su solicitud. Las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo de Córdoba que han llevado casos similares son diáfanas.

Ello no ha impedido al Gobierno andaluz buscar un nuevo resorte legal con el objetivo de que esas sentencias se queden en nada. La Consejería de Fomento ha dejado de autorizar directamente las licencias que cuentan incluso con una sentencia judicial favorable, lo cual es una estrategia de alto riesgo. Utiliza un artículo de la normativa que asegura que los municipios pueden realizar informes técnicos en los que se diga si la llegada de una licencia de VTC pone en riesgo o no el desarrollo. Dada la influencia del gremio del taxi en los responsables municipales, los informes están siendo todos negativos lo que en la práctica pone el contador del pleito a cero. El Ayuntamiento de Córdoba llegó a comprometerse a personarse en todos los recursos abiertos en los tribunales de justicia con el objetivo de poner a sus abogados a trabajar contra la concesión de estos permisos.