CIUDAD
El PP pide realojos para los okupas sin recursos de Córdoba
La senadora demanda que las denuncias de usurpación de inmuebles se aborde a través de juicios rápidos
La senadora del Partido Popular de Córdoba Beatriz Jurado ha demandado que, «en el caso de que los inquilinos de casas ocupadas sean familias en riesgo de exclusión social, las administraciones implicadas deberán llevar a cabo las medidas necesarias para su realojo a través de los programas existentes». Jurado hizo estas manifestaciones a través de un comunicado remitido a ABC tras la publicación desde el pasado domingo de varios focos de viviendas ocupadas, localizados en El Realejo, en Huerta de la Reina y en La Magdalena.
«Sabemos que en Córdoba se vienen sucediendo casos de la ocupación de viviendas por parte de grupos organizados para luego hacer negocio con ellas o para usarlas en actividades ilícitas», afirmó la senadora Beatriz Jurado, que advierte de que «hay personas a las que este problema les puede llevar a arruinarles la vida; familias que tienen viviendas para alquilar para poder pagar las suyas y que se encuentran que son ocupadas».
«La seguridad de haber hecho los deberes»
Para la responsable del PP es una evidencia que «se están ocupando viviendas de protección oficial de la Junta, inmuebles protegidos del casco histórico, y las administraciones públicas no pueden mirar para otro lado». Por ello, dice, «con la seguridad que nos da haber hecho los deberes y proporcionar medidas desde el Gobierno central para luchar contra estas ocupaciones ilegales, pedimos a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos que no se queden ajenos a esta situación que están viviendo muchos cordobeses», concluye.
Por ello, «el Partido Popular ha conseguido aprobar un moción en la que se insta al gobierno a mejorar el marco normativo que regula el delito de usurpación de inmuebles, de manera que se modifique el artículo 245 del Código Penal para adaptar el tipo penal de usurpación a la situación actual; que se incluya en el ámbito del juicio rápido para agilizar los litigios, y que se modifique la legislación para que sea posible el desalojo de inmuebles desde el primer momento que se aprecie indicio de infracción penal».
