Más de 45.700 ayudas de la PAC penden de un hilo en Córdoba

Más de 45.700 ayudas de la PAC en la provincia corren serio peligro por el descontrol de la Junta en su tramitación. La Consejería de Agricultura «carece de los medios técnicos y humanos suficientes para tramitar y gestionar adecuadamente las ayudas de la Política Agraria Común (PAC)», según denuncia la patronal agraria Asaja-Andalucía en un comunicado, en el que señala que peligran los 272.000 expedientes de ayudas de la PAC, de los que más de 45.7000 son tramitados en la provincia.

Un mes después de que se abriera el plazo para la solicitud de estos pagos que concede la Unión Europea y que representan el 30% de los ingresos del campo andaluz, «los agricultores y ganaderos no cuentan aún con la normativa que los regula, no han tenido respuesta a la solicitud de ayudas agroambientales ni a las alegaciones y correcciones de errores de la campaña anterior y además, durante las tres primeras semanas del periodo oficial de solicitud, ha estado inoperativa la plataforma informática para tramitar las ayudas», señala Asaja-Andalucía.

Si bien la reglamentación establece que el periodo de presentación de solicitudes va del 1 de febrero al 30 de abril, con lo que los agricultores y ganaderos cuentan teóricamente con tres meses para tramitar en las organizaciones agrarias y entidades reconocidas sus solicitudes, el hecho es que «ante este cúmulo de despropósitos en todo el mes de febrero se han presentado menos de 500 expedientes en toda Andalucía, cuando deberían haberse presentado ya unos 90.000 expedientes, a razón de 4.500 diarios», indica la patronal agraria.

Escaso margen de tiempo

En esta particular «cuaresma», los agricultores y ganaderos que quieran mantener su actividad, cumplir la normativa y percibir los pagos de Bruselas deben presentar «la solicitud de ayudas del pago básico y el pago verde, la solicitud de ayudas asociadas, las ayudas agroambientales, las cesiones y traspasos de derechos, así como las alegaciones al SIGPAC, para corregir los errores que detecten en el sistema de información geográfico de parcelas», recuerda Asaja en su nota, que tilda la presentación de toda esta documentación antes del 30 abril como «una misión imposible si se carece de la normativa que la regula».