Más de 40 entidades alegan contra el proyecto de la A-81 entre Córdoba y Badajoz

De entre los grandes proyectos de infraestructuras de la provincia de Córdoba, quizás el que más tiempo de retraso acumula es la conversión en autovía de la carretera Nacional-432 a su paso por la provincia de Córdoba . El proyecto, que debe acometer el Estado, lleva décadas pasando de mano en mano o guardado en los cajones y ningún Gobierno, ni del PP ni del PSOE, se ha acordado de él, salvo cuando el partido correspondiente estaba en la oposición. Es decir, cuando no tenía que pagarlo.

El último desplante ha sido el del Ejecutivo de Pedro Sánchez , que a finales del año pasado presentó su modelo de futuro para esta carretera. Lo hizo, sin embargo, con un doble criterio : a bombo y platillo en Badajoz , por donde discurre gran parte de esta carretera interautonómica, ya que allí los planes incluyen la conversión total en autovía; y de forma discreta en Córdoba, ya que aquí no se plantea más que una remodelación de lo que ya hay. En definitiva, la carretera seguirá siendo una vía convencional de tres carriles en los tramos más congestionados, pero en absoluto una autovía.

Aquella decisión soliviantó a los alcaldes de la zona y hasta el propio presidente de la Diputación , Antonio Ruiz (PSOE), tomó cartas en el asunto. Tanto la institución provincial como los ayuntamientos cordobeses por los que pasa la carretera, anunciaron que pensaban alegar al proyecto presentado por el Gobierno.

La lista de los organismos e instituciones que han presentado alegaciones a la A-81 es larga. Sólo en la provincia de Córdoba incluye a la Diputación Provincial ; los ayuntamientos de Peñarroya-Pueblonuevo, La Granjuela, Villanueva del Rey, Belmez, Fuente Obejuna y Espiel; y como entidades privadas, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), la asociación Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba, Emprendedores Rurales del Alto Guadiato y Ecologistas en Acción Córdoba.

Además, hay municipios y organizaciones de otras provincias y comunidades que también han presentado alegaciones, dado que sus intereses se ven afectados por el trazado diseñado por el Gobierno. Incluso hay organismos estatales que han recurrido los planes.

Entre esas administraciones están, en el ámbito municipal, los ayuntamientos de Bienvenida, Granja de Torrehermosa, Valverde de Leganés, Puebla de Sancho Pérez, Los Santos de Maimona, Maguilla, Higuera de Vargas, Acehuchal, Nogales, Zafra, Feria, Ahillones, Santa Marta, La Albuera, Badajoz, La Parra, Llerena, Valverde de Llerena, Azuaga y Fuente del Maestre, así como las diputaciones de Badajoz y Sevilla.

En los ámbitos autonómico o estatal han legado la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria del Ministerio de Transportes, la Consejería de Cultura de Andalucía, la CHG y la Delegación del Gobierno en Extremadura.