Imagen de un Pleno de la Diputación de Córdoba
Imagen de un Pleno de la Diputación de Córdoba - Álvaro Carmona
OBRA PÚBLICA

La Diputación de Córdoba podrá adjudicar obras sin pasar por la competencia de las empresas privadas

La patronal de la construcción empieza a llevar a los juzgados los encargos de la Administración a Tragsa, sociedad pública

CórdobaActualizado:

Los empresarios privados de la obra civil y las mercantiles que se dedican a abastecerlos tienen un nuevo operador en la provincia de Córdoba con acceso privilegiado a los contratos públicos.

La Diputación de Córdoba acaba de adquirir una acción del capital social, por algo más de 8.000 euros, de la sociedad pública Tragsa y de su filial Tragsatec. Se trata de una operación que puede parecer menor pero que tendrá, a medio plazo, una cierta incidencia en una actividad de la que dependen cientos de trabajadores que se dedican, entre otros menesteres, a construir equipamientos públicos, a reparar caminos o a realizar labores de mantenimiento de carreteras.

La Diputación de Córdoba ha convertido a Tragsa en «medio propio» que es una consideración que ya tenía ante la Junta de Andalucía. Y eso tiene a las empresas contratistas de la institución provincial con las carnes abiertas porque, según la ley, eso permite al gobierno de Antonio Ruiz encargar, directamente, sin licitación alguna las obras que se encallen. La primera de las actuaciones que se va a desarrollar por esta vía no es de la Diputación propiamente dicha sino que se trasladará al Ayuntamiento de la capital. Tragsa acabará por encargo directo la obra del Centro de Ferias y Convenciones de Córdoba, una actuación millonaria por la que pretendían pujar no pocas empresas de dentro y fuera de Córdoba.

Centro de Ferias

El modelo del Centro de Ferias explica la operación de la adquisición de la acción de Tragsa, que venderá el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), un organismo de la Administración central del Estado. Las instituciones públicas se rigen por una legislación de contratos que es cada vez más garantista para evitar casos de corrupción. Ello -junto a las carencias de personal y cierto caos organizativo en algunas instituciones- ha derivado en un atasco burocrático que alarga los trámites e impide que el dinero disponible se gaste conforme a las planificaciones disponibles.

Está ocurriendo en el Ayuntamiento pero también en la Diputación (aunque otros municipios y diputaciones han esquivado este problema), que tiene serios problemas para gastar el presupuesto del que dispone. Una disposición transitoria de la norma permite a determinadas administraciones encargar directamente a Tragsa cuando cumple determinadas condiciones. En Córdoba, la Junta ya recurrió a ella tras el largo parón de las obras de ampliación del Palacio de Congresos.

La actividad de la empresa pública Tragsa como contratista de las administraciones públicas sin pasar por las licitaciones y la competencia entre actores es ya una cuestión en la que han chocado el Gobierno y la CEOE, la organización que representa formalmente los intereses de los empresarios en España. Dentro de la patronal, existe la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que es la organización sectorial que agrupa a las empresas de obra civil.

Recientemente, según informó «Expansión», esta entidad ha decidido empezar a llevar a los tribunales de lo contencioso-administrativo los encargos directos a Tragsa que, entiende, no se justifican por razones de urgencia y necesidad. En el listado, se encuentran las obras de unos juzgados en Valencia, un túnel peatonal en la estación de Sol de Madrid o un colegio de Arroyomolinos. En la información del diario económico, la propia empresa pública reconoce estar revisando qué obras puede aceptar o no para no tener problemas en los juzgados.