La Audiencia de Córdoba juzga a 74 personas por una trama de empresas ficticias para cobrar el paro

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará en el banquillo a partir del próximo 3 de junio a los 74 acusados de un delito de fraude a la Seguridad Social . En esta ocasión, el volumen de encausados ha hecho que el juicio se haya señalado del 3 al 21 de junio , durante tres semanas, aunque no se ha precisado habilitar ningún espacio especial.

El escrito de acusación del Ministerio Público recoge que 74 personas habían defraudado a la Seguridad Social con distintos niveles de participación. Unos o bien a través de contratos con empresas ficticias , donde tras unos meses los empleados eran dados de baja no voluntaria y se encontraban en situación de cobrar el desempleo. Algunos de ellos llegaron a percibir estas prestaciones. Sin embargo, la cantidad de tiempo que estaban contratados no se corresponde con el plazo necesario para acumular el derecho a una prestación. Se trata de personas que necesitaban días para alcanzar el periodo trabajado necesario para percibir el desempleo o para regularizar su situación en el país con un contrato de trabajo al ser extranjeros.

En cuanto a las penas de prisión a las que se enfrentan, a tres de ellos, que se suponen que son los cabecillas de esta trama de fraude a la Seguridad Social, la Fiscalía solicita penas de dos años de prisión a cada uno y multa de 150.000 euros también a cada individuo, por lo que suman 450.000 euros en total. De otro lado, para otros dos acusados las multas son de 8.000 euros para cada uno; para la gran bolsa de acusados -a 65 de ellos- le solicitan una multa de 4.000 euros cada uno, mientras otros cuatro individuos se enfrentan a una multa de 2.000 euros.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba también ha investigado otra macrocausa de la Seguridad Social en la que el Ministerio Público ha pedido a la Audiencia Provincial un total de 81 años de prisión y la devolución de una gran cantidad de dinero en ayudas por presunto fraude millonario a la Seguridad Social. El entramado estaba tan organizado que el fiscal del caso establece las penas para las 83 personas que tendrán que hacerse sitio en el banquillo de los acusados por adquirir derechos sociales falsos para acceder a las ayudas.