Altos funcionarios advierten al personal laboral de que no firmen informes

Los informes realizados por el secretario general del Pleno y por el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, juristas ambos, contra los expedientes municipales firmados por personal laboral, ya están teniendo consecuencias prácticas. Varias fuentes municipales han confirmado que los altos funcionarios han advertido a los distintos servicios municipales para que no remitan este tipo de actuaciones para su aprobación en Pleno y Junta de Gobierno si no es con la firma de apoyo de un funcionario público.

El último dictamen considera «ilegal» la situación del personal laboral indefinido que realiza tareas propias de funcionarios con efectos legales hacia terceros. Dicho informe asegura que es posible que los laborales fijos efectúen estos trabajos aunque manifiesta que sus puestos de trabajo deben considerarse a extinguir hasta tanto se convoquen las oposiciones correspondientes.

La única salida viable para que los expedientes municipales se aprueben sin problemas es la de una firma de funcionario para apoyar el trabajo realizado. El problema radica que la situación ha generado un problema serio en organismos autónomos como la Gerencia de Urbanismo, donde la presencia de laborales es masiva. Tanto en las escalas básicas del trabajo como en aquellos puestos más altos del escalafón. Y la medida ha sentado muy mal entre empleados municipales que aseguran no estar dispuestos a que su trabajo pase este tipo de filtros. Se entiende que nadie va a firmar un expediente a ciegas haciéndose responsable de lo que ocurra una vez tenga efectos.

Preocupación

Las fuentes consultadas aseguran que hasta el momento no se ha tenido que levantar ningún expediente de los órganos de decisión pero que los juristas del Ayuntamiento de Córdoba han establecido la cautela de que lo que venga sin los requisitos que reclaman se irá de vuelta a las respectivas dependencias de origen. El caso preocupa seriamente por la situación que genera de bloqueo aunque el equipo de gobierno ya ha dado signos de que pretende tomarse en serio la cuestión. Existe de fondo un problema, dicen algunos dictámenes, de seguridad jurídica. Hasta el momento, el Consistorio había estado utilizando un criterio mucho más laxo que permitía al personal laboral realizar todo tipo de expedientes. Partidos como Ciudadanos aseguran que, sin salir de Urbanismo, casos verdaderamente complicados se han desarrollado por esta categoría de profesionales que no tiene que ver con su preparación sino con la forma de ingreso en la Administración pública.

El equipo de gobierno reaccionó al último de los informes creando un grupo de trabajo en el que estarán sentados todos los secretarios delegados en los organismos municipales, según anunció ayer el delegado de Personal, David Luque. El objetivo de esta mesa de trabajo será el de estudiar caso por caso la cuestión del personal laboral. El edil reconoció que se trata de un trabajo arduo que no va a ser cosa de un día. Actualmente, puede haber cientos de trabajadores municipales en estas circunstancias, que trabajan en servicios estratégicos de la institución y que obliga a realizar un estudio a fondo. Lo que cambia son los plazos que se barajan para ello.

«Teníamos una programación a cuatro años vista», dijo Luque, quien reconoció que ese planteamiento de trabajo para regularizar la situación de los empleados laborales se ha venido abajo. El responsable municipal de Recursos Humanos aseguró que se trata un asunto prioritario para su departamento que se pone a trabajar a la luz del hecho no previsto de los dictámenes jurídicos. Sí quiso dejar claro el miembro del gobierno que la situación no ha sido creada por el Partido Socialista y que se trata de un asunto que viene de lejos en lo que a estructura municipal se refiere.