Salinas y Prieto, en un acto del Córdoba
Salinas y Prieto, en un acto del Córdoba - abc
CONCURSO FORTUITO

El consejo de Salinas señala a González y los administradores

Acusan a ambos de perseguir el «enriquecimiento» del actual dueño con el proceso de «calificación culpable»

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Los componentes del consejo de administración del Córdoba presidido por José Miguel Salinas entre 2009 y 2011 han emitido este jueves un comunicadotras tener en su poder el auto del Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba en el que, como avanzó ABC, se califica de «fortuito» el concurso de acreedores al que se acogió la entidad blanquiverde.

En un principio, los administradores concursales, Daniel Pastor y Alberto Escudero, acordaron dar a la gestiónel rango de «culpable», circunstancia que iba a terminar en un juicio en enero de 2015.

De haber prosperado, algunos integrantes del consejo podían haber sido inhabilitados de sus funciones e incluso se habló de una indemnización que podría llegar a los 6 millones de euros, castigo al que se adhirió la actual propiedad del club. Sin embargo, tras los recursos elevados por la defensa del anterior consejo, el juez, Fernando Caballero, la Fiscalía y los propios administradores decidieron dar carpetazo al caso.

En el escrito, firmado conjuntamente por todos los consejeros de la etapa de José Miguel Salinas, se alude a que ha finalizado un «vía crucis» para «unas personas unidas por un sentimiento común: la pasión por el Córdoba». De ahí que hayan justificado la nota alegando que el cierre del caso no es por «el gol de Uli Dávila», que supuso el ascenso del equipo en Las Palmas.

Estos exconsejeros recuerdan actuaciones de los administradores como «no reclamar al accionista una deuda social de 3 millones, permitir al mismo tener un crédito fiscal de 2,5 millones y sobreseer de forma general pagos a la Seguridad Social y Hacienda durante el periodo anterior a la solicitud de concurso voluntario». Sin embargo, estos argumentos, según reza en la nota, se fueron cayendo en tribunales.

De ahí que tras recordar los «daños» causados a sus familiares y cercanos por la situación, los consejeros se plantean abiertamente si el móvil de esta situación no sería «un enriquecimiento para González de más de 6 millones de euros que en dos ocasiones el juez ha dicho que era injusto».

Por cierto, que el escrito termina con un «hoy se cierra un capítulo de esta historia que pone fin a la infamia, pero aún queda mucho por escribir en este libro para reparar el daño causado y olvidar tanto sufrimiento». Probablemente, el asunto no esté cerrado del todo.

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